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⛽ ¡Combustible que se evapora! Más de RD$108 millones en irregularidades sacuden instituciones públicas

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La administración del combustible en varias entidades del Estado dominicano está bajo la lupa. Auditorías de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República revelaron irregularidades que superan los 108 millones de pesos en al menos nueve instituciones públicas.

Los informes detallan controles deficientes en la entrega de tickets, tarjetas recargables y abastecimiento en tanques institucionales, lo que habría permitido el uso discrecional de recursos públicos sin trazabilidad clara sobre los beneficiarios reales.

Entre las entidades auditadas figuran el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el Ministerio de Deportes (Miderec), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Ayuntamiento de Pedro Brand, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Hallazgos clave

Las auditorías detectaron casos donde:

  • No existe constancia de quién recibió el combustible.

  • Se asignaron montos a empleados no autorizados.

  • Se otorgaron beneficios que triplicaban el salario del funcionario.

  • Se realizaron compras fraccionadas para evadir procesos de contratación.

En el CEA, por ejemplo, se identificó una diferencia de 464.53 galones de gasoil no registrados, equivalentes a más de 111 mil pesos. En el Ministerio de la Juventud, se reportaron anomalías por casi 20 millones de pesos en tickets sin destinatarios identificados.

Asimismo, el Cusep recibió cheques por más de 10 millones de pesos sin firmas de beneficiarios y asignaciones que excedían el límite legal establecido por la Ley 105-13, la cual dispone que las asignaciones de combustible no deben superar el 10 % del salario de los altos cargos.

Incluso se documentó que un funcionario del entonces Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (hoy Dirección Central de Policía de Turismo) con salario de 20 mil pesos recibía 70 mil en volantes de gasolina, equivalente al 350 % de su sueldo.

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha advertido que el combustible institucional continúa siendo uno de los renglones más opacos del gasto público, facilitando posibles desvíos y uso indebido.

Aunque los hallazgos fueron remitidos conforme a la Ley 10-07, hasta el momento no se observan consecuencias judiciales visibles, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control y sanción en la gestión de recursos públicos en República Dominicana.


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La administración del combustible en varias entidades del Estado dominicano está bajo la lupa. Auditorías de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República revelaron irregularidades que superan los 108 millones de pesos en al menos nueve instituciones públicas.

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Hallazgos clave

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  • Se asignaron montos a empleados no autorizados.

  • Se otorgaron beneficios que triplicaban el salario del funcionario.

  • Se realizaron compras fraccionadas para evadir procesos de contratación.

En el CEA, por ejemplo, se identificó una diferencia de 464.53 galones de gasoil no registrados, equivalentes a más de 111 mil pesos. En el Ministerio de la Juventud, se reportaron anomalías por casi 20 millones de pesos en tickets sin destinatarios identificados.

Asimismo, el Cusep recibió cheques por más de 10 millones de pesos sin firmas de beneficiarios y asignaciones que excedían el límite legal establecido por la Ley 105-13, la cual dispone que las asignaciones de combustible no deben superar el 10 % del salario de los altos cargos.

Incluso se documentó que un funcionario del entonces Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (hoy Dirección Central de Policía de Turismo) con salario de 20 mil pesos recibía 70 mil en volantes de gasolina, equivalente al 350 % de su sueldo.

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha advertido que el combustible institucional continúa siendo uno de los renglones más opacos del gasto público, facilitando posibles desvíos y uso indebido.

Aunque los hallazgos fueron remitidos conforme a la Ley 10-07, hasta el momento no se observan consecuencias judiciales visibles, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control y sanción en la gestión de recursos públicos en República Dominicana.

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