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El Cibao

🌳 Preocupación por la tala indiscriminada en Santo Cerro

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La Vega. – La tala indiscriminada de árboles y la expansión de empresas de agregados han encendido alarmas entre ambientalistas y miembros de la comunidad en el distrito municipal de Santo Cerro. Estas actividades están destruyendo lomas completas y generando un grave impacto ecológico en la región.

Denuncias de construcción inminente

Según denuncias locales, en el área donde se está llevando a cabo el desmonte, se proyecta la construcción de una villa. Los residentes han señalado que el terreno afectado es visible desde la histórica Iglesia de Santo Cerro, un lugar de gran valor cultural y turístico. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente no han tomado medidas.

Inquietudes en comunidades vecinas

La preocupación por el daño ecológico no se limita solo a Santo Cerro. Comunidades cercanas como El Guaco, Burende y Guaigüí en la cordillera Central también han reportado desmontes y daños ambientales, lo que ha encendido las alarmas de los ambientalistas, que ven estas acciones como una grave amenaza a la biodiversidad local.

Falta de supervisión y control

Nelson Reyes, ambientalista de la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop), ha denunciado la ausencia de una autoridad estatal efectiva para supervisar y prevenir estos daños ambientales. Reyes afirmó que el daño en un área de valor histórico, cultural y ambiental refleja graves fallas en los mecanismos de control y fiscalización por parte del Estado.

Complicidad y permisividad

Reyes también destacó que la intervención para la construcción de la villa indica que los sistemas de fiscalización ambiental están fallando. "Hechos como este difícilmente ocurren sin algún nivel de complicidad o permisividad interna," afirmó, sugiriendo que las autoridades podrían estar permitiendo estas actividades sin la debida sanción.

El ambientalista subrayó que, según el marco legal actual, los responsables de los daños ambientales suelen enfrentarse solo a multas administrativas, lo que convierte la infracción en un costo asumible dentro del proyecto. Reyes advirtió que el sistema sancionador "carece de verdadero efecto disuasivo," lo que permite que estas prácticas continúen sin consecuencias reales.

Propuestas para fortalecer la legislación ambiental

Desde Fundetrop, se han propuesto varias medidas para fortalecer la legislación ambiental, como:

  • Aumento de sanciones para los infractores.

  • Creación de tribunales especializados en delitos ambientales.

  • Garantizar mayor rigor en la aplicación de la ley.

Demandas de investigación

José Antonio Cabrera, residente de Santo Cerro, ha exigido que se inicie una investigación formal para identificar a los responsables de la intervención en la loma. La comunidad ha indicado que la semana pasada presentaron una denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respaldados por el activista social Juan Comprés del movimiento Los Peregrinos de Moca.

Llamado a la acción

Los residentes de Santo Cerro han reiterado su llamado a las autoridades para que tomen medidas con urgencia y eviten daños irreversibles en una zona considerada de alto valor ecológico y patrimonial para la provincia de La Vega.


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Denuncias de construcción inminente

Según denuncias locales, en el área donde se está llevando a cabo el desmonte, se proyecta la construcción de una villa. Los residentes han señalado que el terreno afectado es visible desde la histórica Iglesia de Santo Cerro, un lugar de gran valor cultural y turístico. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente no han tomado medidas.

Inquietudes en comunidades vecinas

La preocupación por el daño ecológico no se limita solo a Santo Cerro. Comunidades cercanas como El Guaco, Burende y Guaigüí en la cordillera Central también han reportado desmontes y daños ambientales, lo que ha encendido las alarmas de los ambientalistas, que ven estas acciones como una grave amenaza a la biodiversidad local.

Falta de supervisión y control

Nelson Reyes, ambientalista de la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop), ha denunciado la ausencia de una autoridad estatal efectiva para supervisar y prevenir estos daños ambientales. Reyes afirmó que el daño en un área de valor histórico, cultural y ambiental refleja graves fallas en los mecanismos de control y fiscalización por parte del Estado.

Complicidad y permisividad

Reyes también destacó que la intervención para la construcción de la villa indica que los sistemas de fiscalización ambiental están fallando. "Hechos como este difícilmente ocurren sin algún nivel de complicidad o permisividad interna," afirmó, sugiriendo que las autoridades podrían estar permitiendo estas actividades sin la debida sanción.

El ambientalista subrayó que, según el marco legal actual, los responsables de los daños ambientales suelen enfrentarse solo a multas administrativas, lo que convierte la infracción en un costo asumible dentro del proyecto. Reyes advirtió que el sistema sancionador "carece de verdadero efecto disuasivo," lo que permite que estas prácticas continúen sin consecuencias reales.

Propuestas para fortalecer la legislación ambiental

Desde Fundetrop, se han propuesto varias medidas para fortalecer la legislación ambiental, como:

  • Aumento de sanciones para los infractores.

  • Creación de tribunales especializados en delitos ambientales.

  • Garantizar mayor rigor en la aplicación de la ley.

Demandas de investigación

José Antonio Cabrera, residente de Santo Cerro, ha exigido que se inicie una investigación formal para identificar a los responsables de la intervención en la loma. La comunidad ha indicado que la semana pasada presentaron una denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respaldados por el activista social Juan Comprés del movimiento Los Peregrinos de Moca.

Llamado a la acción

Los residentes de Santo Cerro han reiterado su llamado a las autoridades para que tomen medidas con urgencia y eviten daños irreversibles en una zona considerada de alto valor ecológico y patrimonial para la provincia de La Vega.

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