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Astreinte millonaria: Tribunal Constitucional condena a la JCE a pagar casi 3 millones por retener acta de nacimiento

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El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que condena a la Junta Central Electoral (JCE) al pago de 2,886,000 pesos en favor de Esthefpanie Casado Díaz, tras comprobar que la institución desacató un mandato judicial de amparo relacionado con la entrega de actas de nacimiento. La sanción económica responde a una astreinte acumulada de 2,000 pesos diarios durante 1,443 días, calculados desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 6 de febrero de 2025, período en el cual la ciudadana y sus dos hijas sufrieron trabas para acceder a sus documentos de identidad plenos.

El conflicto legal se originó cuando el Juzgado de Primera Instancia de Azua ordenó a la JCE expedir los documentos en febrero de 2021. Aunque la institución cumplió parcialmente con la entrega, condicionó las actas con la observación restrictiva de ser "autorizada a expedir única y exclusivamente para fines judiciales", una leyenda que, según la denunciante, perpetuaba la vulneración de sus derechos fundamentales al impedirle realizar trámites cotidianos en su vida pública y privada.


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El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que condena a la Junta Central Electoral (JCE) al pago de 2,886,000 pesos en favor de Esthefpanie Casado Díaz, tras comprobar que la institución desacató un mandato judicial de amparo relacionado con la entrega de actas de nacimiento. La sanción económica responde a una astreinte acumulada de 2,000 pesos diarios durante 1,443 días, calculados desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 6 de febrero de 2025, período en el cual la ciudadana y sus dos hijas sufrieron trabas para acceder a sus documentos de identidad plenos.

El conflicto legal se originó cuando el Juzgado de Primera Instancia de Azua ordenó a la JCE expedir los documentos en febrero de 2021. Aunque la institución cumplió parcialmente con la entrega, condicionó las actas con la observación restrictiva de ser "autorizada a expedir única y exclusivamente para fines judiciales", una leyenda que, según la denunciante, perpetuaba la vulneración de sus derechos fundamentales al impedirle realizar trámites cotidianos en su vida pública y privada.

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