Exayudante de Bolsonaro revela plan para anular elecciones con apoyo militar

EL CORREO. Mauro Cid, exayudante personal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, declaró este lunes ante la Corte Suprema que el exmandatario discutió con altos mandos militares la posibilidad de invalidar los resultados de las elecciones de 2022 para mantenerse en el poder.

Durante su testimonio, Cid confirmó que asesores de Bolsonaro redactaron un documento que contemplaba la declaración del estado de defensa y de sitio, además del encarcelamiento de magistrados del Supremo Tribunal Federal. El documento fue editado personalmente por Bolsonaro, quien eliminó varios nombres de la lista de detenciones, excepto el del juez Alexandre de Moraes, actual instructor del caso.

Cid reveló que este borrador fue presentado posteriormente a los comandantes de las Fuerzas Armadas en una reunión celebrada en la residencia oficial del entonces presidente en Brasilia. “El decreto decía el qué, no cómo iba a ser hecho”, respondió cuando fue interrogado por el magistrado Moraes.

En su declaración, Cid aseguró que el comandante del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, expresó su disgusto tras el encuentro. Según él, el almirante Almir Garnier, jefe de la Marina, ofreció tropas a Bolsonaro, mientras que el comandante de la Fuerza Aérea, Baptista Júnior, rechazó cualquier acción golpista.

El exedecán también afirmó que existía presión de otros oficiales para que Bolsonaro firmara el decreto, e incluso se discutió la destitución de Freire Gomes para nombrar a un sustituto más radical.

📋 Investigación en curso

El testimonio de Cid forma parte de una serie de interrogatorios que continuarán esta semana, incluyendo al propio Bolsonaro y a figuras clave de su entorno como el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el exvicepresidenciable Walter Braga Netto.

Finalizada esta etapa, el juez Moraes decidirá, en consulta con la Fiscalía y las defensas, si se requieren nuevas diligencias o si se pasa directamente a los alegatos finales.

Los acusados enfrentan cargos graves como abolición violenta del Estado democrático, tentativa de golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio público. Las penas combinadas podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.