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Jueza impone coerción sin prisión preventiva en caso Jet Set tras colapso mortal

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EL CORREO. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fundamentó su decisión de imponer medidas de coerción no privativas de libertad contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en el caso del desplome del techo del centro Jet Set Club, que dejó 235 muertos y unos 180 heridos. Según una nota de prensa del Poder Judicial, la magistrada valoró cuidadosamente los elementos jurídicos y probatorios, respetando las garantías procesales.

El tribunal consideró que los imputados cuentan con arraigo suficiente, no presentan riesgo de fuga ni antecedentes de evasión, y colaboraron con la investigación. Además, al ponderar la pena prevista para el delito de homicidio involuntario —de 3 meses a 2 años— la jueza concluyó que no procedía la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

La jueza también criticó la antigüedad del Código Penal dominicano, señalando su desconexión con la realidad actual, y concluyó imponiendo impedimento de salida del país, garantía económica de 50 millones de pesos y presentación periódica. El caso fue declarado complejo y la calificación jurídica provisional de homicidio involuntario fue ratificada.


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EL CORREO. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fundamentó su decisión de imponer medidas de coerción no privativas de libertad contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en el caso del desplome del techo del centro Jet Set Club, que dejó 235 muertos y unos 180 heridos. Según una nota de prensa del Poder Judicial, la magistrada valoró cuidadosamente los elementos jurídicos y probatorios, respetando las garantías procesales.

El tribunal consideró que los imputados cuentan con arraigo suficiente, no presentan riesgo de fuga ni antecedentes de evasión, y colaboraron con la investigación. Además, al ponderar la pena prevista para el delito de homicidio involuntario —de 3 meses a 2 años— la jueza concluyó que no procedía la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

La jueza también criticó la antigüedad del Código Penal dominicano, señalando su desconexión con la realidad actual, y concluyó imponiendo impedimento de salida del país, garantía económica de 50 millones de pesos y presentación periódica. El caso fue declarado complejo y la calificación jurídica provisional de homicidio involuntario fue ratificada.

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