Ambientalistas y migrantes unidos contra prisión ‘Alligator Alcatraz’ en los Everglades

EL CORREO. Organizaciones ambientales y defensores de derechos humanos alzaron la voz esta semana contra la construcción exprés del centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en pleno corazón de los Everglades, un ecosistema único y frágil al oeste de Miami. El proyecto, impulsado por el gobernador Ron DeSantis sin evaluación ambiental conocida, busca albergar hasta 1,000 migrantes en una zona natural protegida.

Emergencia sin estudios

Activistas de la campaña Stop Alligator Alcatraz denuncian la ausencia total de transparencia y estudios de impacto ambiental. “Es imposible que hayan evaluado adecuadamente el daño en tan solo una semana”, advirtió Matthew Schwartz, director ejecutivo de South Florida Wildlands Association.

Desde Friends of the Everglades, su directora Eve Samples añadió: “No hay análisis público de los daños. Esto no solo afecta la biodiversidad, sino que plantea serios interrogantes sobre gestión de residuos, agua y seguridad humana”.

Caimanes, pantanos y migrantes

La prisión, que comenzaría a operar en julio, se construye sobre 101 kilómetros cuadrados de terreno natural en un aeropuerto abandonado. Allí, según el fiscal general de Florida, James Uthmeier, los detenidos estarán “rodeados de caimanes y pitones si intentan escapar”.

En el área habitan más de 30 especies amenazadas, como la pantera floridana, manatíes y cocodrilos americanos. La construcción también reabre heridas históricas: en 1969, un movimiento ambiental detuvo en ese mismo terreno la edificación del “aeropuerto más grande del mundo”.

DeSantis y la política de la “crueldad”

El gobernador DeSantis justifica la obra bajo una “emergencia migratoria”, en paralelo con otro centro de detención planeado en Jacksonville. Florida podría albergar hasta 5,000 migrantes en centros altamente criticados por sus condiciones.

En una audiencia pública del condado de Miami-Dade, María Bilbao, de American Friends Service Committee, acusó a DeSantis de “usar la crueldad como espectáculo político”. La alcaldesa Daniella Levine Cava también pidió suspender el proyecto, calificando la venta del terreno como una “pérdida millonaria” para el condado.