ProCompetencia propone multas de hasta 10 % de ingresos a empresas por prácticas anticompetitivas

EL CORREO. La fiscalización de prácticas anticompetitivas en la República Dominicana continúa siendo limitada, ya que por ley la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) solo puede mediar entre las partes afectadas y ordenar el cese de conductas irregulares, sin contar con mecanismos sancionatorios fuertes que eviten la reincidencia.

Ante esta situación, la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, planteó la necesidad de establecer un régimen de sanciones escalonadas que permita prevenir que empresas o individuos distorsionen el mercado sin enfrentar consecuencias reales.

Multas según la gravedad de la infracción

El anteproyecto de modificación a la Ley General 42-08 sobre Defensa de la Competencia propone un sistema de sanciones basado en los ingresos brutos de las empresas, clasificando las infracciones en tres niveles:

• Leves: incumplimientos administrativos o menores, con multas de hasta 1 % de los ingresos brutos del ejercicio fiscal anterior.

• Graves: prácticas de competencia desleal o concentraciones empresariales realizadas sin notificación previa, con multas de hasta 5 % de los ingresos brutos.

• Muy graves: prácticas concertadas o abuso de posición dominante, con sanciones de hasta 10 % de los ingresos brutos.

La reforma también contempla que las multas se dupliquen automáticamente en caso de reincidencia y que los pagos atrasados generen intereses moratorios del 2 % mensual.

Según Vásquez Taveras, este sistema permitiría que las sanciones sean proporcionales a la capacidad económica de cada infractor.

“Este sistema garantiza que la sanción sea proporcional a la capacidad económica del infractor. Quien viola las reglas del mercado pagará un precio acorde al daño causado”, afirmó.

Respaldo del sector industrial

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, respaldó la iniciativa y señaló que es necesario actualizar el marco legal que regula la competencia en el país.

Brache destacó que una legislación más fuerte ayudaría a combatir prácticas como el contrabando, los ilícitos comerciales y las falsificaciones, además de garantizar condiciones justas y transparentes para las empresas que cumplen con la ley.

Programa de clemencia

La propuesta de reforma también incluye un programa de clemencia que permitiría reducir las sanciones a empresas o personas que colaboren con las investigaciones.

Las reducciones serían escalonadas:

• Primera empresa: entre 40 % y 60 % de reducción.

• Segunda empresa: entre 20 % y 30 %.

• Empresas posteriores: hasta 10 %.

Según la titular de ProCompetencia, esta estructura busca incentivar la cooperación y facilitar la detección de prácticas ilegales en el mercado.

Nueva autoridad antimonopolio

Entre las modificaciones institucionales propuestas se plantea cambiar el nombre de ProCompetencia por Autoridad Nacional Antimonopolio y Competencia Económica (Anace), con el objetivo de que sus funciones sean más claras y reconocibles para ciudadanos, jueces y legisladores.

Otras reformas propuestas

El proyecto también contempla:

• Control previo de concentraciones económicas.

• Sanciones a entidades públicas que no entreguen información requerida.

• Creación de la figura de consejero instructor para garantizar el debido proceso.

• Ampliación del plazo de investigaciones hasta 18 meses, prorrogables por 12 meses adicionales en casos complejos.

• Extensión del plazo de prescripción a 10 años.

• Regulaciones iniciales para mercados digitales.

• Convertir los informes de competencia en mandatos vinculantes para la administración pública.