¡60 años después llegó la cuenta! TC mantiene condena millonaria al Estado por terrenos del Centro Olímpico

Santo Domingo. Más de seis décadas después de que el Estado dominicano declarara de utilidad pública unos terrenos que hoy forman parte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Tribunal Constitucional (TC) ratificó una condena por RD$340.7 millones a favor de los herederos de la propietaria original, poniendo fin a uno de los litigios más prolongados relacionados con bienes ocupados por el Estado.

La alta corte rechazó un recurso de revisión presentado por la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), que buscaba anular una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que había confirmado la indemnización fijada previamente por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El conflicto se originó tras la emisión del Decreto 1886, firmado el 17 de diciembre de 1964 por el gobierno del Triunvirato encabezado por Donald Reid Cabral, mediante el cual se declaró de utilidad pública una parcela de 15,472.87 metros cuadrados propiedad de Nelly Elidia Pellerano de Ricart.

Dichos terrenos fueron incorporados al proyecto Parque Central Metropolitano, desarrollado en los espacios donde anteriormente operaba el aeropuerto General Andrews y que posteriormente dieron paso al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Según el expediente, en 1993 el Estado y la propietaria firmaron un contrato de permuta mediante el cual se entregó un apartamento como parte de la compensación acordada. Sin embargo, quedó pendiente una diferencia económica que sería saldada cuando existieran disponibilidades presupuestarias, pago que nunca se realizó.

Ante la falta de cumplimiento, los herederos acudieron a los tribunales en 2021 para reclamar el justiprecio correspondiente a los terrenos ocupados.

Durante el proceso surgieron diferencias significativas en la valoración de los inmuebles. Mientras una tasación privada presentada por los demandantes estimó el valor en RD$672 millones, los avalúos de la Dirección General de Catastro Nacional lo situaron en poco más de RD$9.2 millones.

Tras analizar las pruebas, el Tribunal Superior Administrativo fijó en noviembre de 2022 una compensación de RD$340,736,293.72, monto que tomó en cuenta la compensación parcial previamente entregada por el Estado.

Bienes Nacionales intentó revertir la decisión alegando falta de sustento técnico en la indemnización y cuestionando aspectos procesales relacionados con la inadmisibilidad de un recurso de casación. No obstante, el Tribunal Constitucional concluyó que la Suprema Corte actuó conforme a la ley y recordó que no corresponde a esa jurisdicción revisar la valoración de pruebas ni sustituir el criterio de los tribunales ordinarios sobre el monto de las indemnizaciones.

El caso se suma a otros litigios similares relacionados con terrenos del Centro Olímpico. En 2023, el Tribunal Superior Administrativo también ordenó al Estado pagar RD$472.8 millones al empresario José Ramón Borrell Ponce por terrenos ubicados en el área donde se encuentra el Estadio Olímpico Félix Sánchez.