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Cuatro millones sobre dos ruedas: Afamoto dice que el reto no es crear leyes, sino hacerlas cumplir

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Santo Domingo. La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) aseguró que el principal desafío para mejorar la seguridad vial en República Dominicana no radica en aprobar nuevas normativas, sino en garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La entidad señaló que uno de los aspectos más urgentes es lograr que los cerca de cuatro millones de motociclistas que circulan en el país cuenten con licencias de conducir y placas que permitan su adecuada identificación.

El presidente de Afamoto, Darío Lama, consideró necesario fortalecer la fiscalización, aumentar la presencia de agentes de tránsito y desarrollar mecanismos más eficientes para identificar a los conductores que violan las normas.

“Estamos interesados en la venta de motocicletas en el país, pero también somos conscientes de que las violaciones a las leyes de tránsito y los derechos de terceros por parte de algunos motociclistas han alcanzado niveles preocupantes”, expresó.

Lama explicó que la asociación propuso a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) eliminar la denominada carta de ruta, documento utilizado durante años para circular sin placa luego de adquirir una motocicleta. En su lugar, plantean implementar placas provisionales similares a las utilizadas por los vehículos de motor.

Asimismo, informó que la DGII trabaja en el desarrollo de nuevas placas alfanuméricas más visibles y reflectivas, diseñadas para facilitar la identificación de motocicletas mediante cámaras de vigilancia y otros sistemas tecnológicos de control.

Afamoto también sugirió restablecer el marbete anual para motocicletas con el objetivo de disponer de datos más precisos sobre el parque vehicular nacional y mejorar los mecanismos de regulación.

En materia de capacitación, la entidad valoró los avances impulsados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la obtención de licencias, incluyendo cursos, exámenes teóricos y pruebas prácticas. Sin embargo, insistió en que estos programas deben ampliarse para abarcar a millones de motociclistas que aún circulan sin autorización formal.

Durante una entrevista con un medio nacional, directivos de Afamoto destacaron la relevancia económica y social del sector. Según un estudio realizado por la organización a finales de 2024, en el país operan alrededor de 180,000 motoconchistas, una cifra superior a la cantidad de empleados de las zonas francas.

Por su parte, Juan Carlos Andrade, miembro de la junta directiva de Afamoto, afirmó que la motocicleta constituye una solución de movilidad para una gran parte de la población dominicana, por lo que considera necesario regular el sector sin afectar a las miles de familias que dependen de esta actividad.

En el Gran Santo Domingo, los motoconchos movilizan diariamente cerca de 1.5 millones de personas y sirven de conexión con sistemas de transporte masivo como el Metro, el Teleférico y los corredores de autobuses.

La entidad también rechazó propuestas dirigidas a restringir la importación de motocicletas o prohibir el transporte de pasajeros en estos vehículos, argumentando que tales medidas no resolverían los problemas de tránsito y perjudicarían a millones de usuarios.

Las proyecciones indican que durante 2026 podrían importarse alrededor de 300,000 motocicletas, manteniendo el ritmo de crecimiento registrado en los últimos años.

Afamoto reiteró además su respaldo al uso obligatorio del casco protector y llamó a reforzar la aplicación de las normas vigentes mediante una mayor presencia de agentes de la Digesett y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el control y la seguridad vial.


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La entidad señaló que uno de los aspectos más urgentes es lograr que los cerca de cuatro millones de motociclistas que circulan en el país cuenten con licencias de conducir y placas que permitan su adecuada identificación.

El presidente de Afamoto, Darío Lama, consideró necesario fortalecer la fiscalización, aumentar la presencia de agentes de tránsito y desarrollar mecanismos más eficientes para identificar a los conductores que violan las normas.

“Estamos interesados en la venta de motocicletas en el país, pero también somos conscientes de que las violaciones a las leyes de tránsito y los derechos de terceros por parte de algunos motociclistas han alcanzado niveles preocupantes”, expresó.

Lama explicó que la asociación propuso a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) eliminar la denominada carta de ruta, documento utilizado durante años para circular sin placa luego de adquirir una motocicleta. En su lugar, plantean implementar placas provisionales similares a las utilizadas por los vehículos de motor.

Asimismo, informó que la DGII trabaja en el desarrollo de nuevas placas alfanuméricas más visibles y reflectivas, diseñadas para facilitar la identificación de motocicletas mediante cámaras de vigilancia y otros sistemas tecnológicos de control.

Afamoto también sugirió restablecer el marbete anual para motocicletas con el objetivo de disponer de datos más precisos sobre el parque vehicular nacional y mejorar los mecanismos de regulación.

En materia de capacitación, la entidad valoró los avances impulsados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la obtención de licencias, incluyendo cursos, exámenes teóricos y pruebas prácticas. Sin embargo, insistió en que estos programas deben ampliarse para abarcar a millones de motociclistas que aún circulan sin autorización formal.

Durante una entrevista con un medio nacional, directivos de Afamoto destacaron la relevancia económica y social del sector. Según un estudio realizado por la organización a finales de 2024, en el país operan alrededor de 180,000 motoconchistas, una cifra superior a la cantidad de empleados de las zonas francas.

Por su parte, Juan Carlos Andrade, miembro de la junta directiva de Afamoto, afirmó que la motocicleta constituye una solución de movilidad para una gran parte de la población dominicana, por lo que considera necesario regular el sector sin afectar a las miles de familias que dependen de esta actividad.

En el Gran Santo Domingo, los motoconchos movilizan diariamente cerca de 1.5 millones de personas y sirven de conexión con sistemas de transporte masivo como el Metro, el Teleférico y los corredores de autobuses.

La entidad también rechazó propuestas dirigidas a restringir la importación de motocicletas o prohibir el transporte de pasajeros en estos vehículos, argumentando que tales medidas no resolverían los problemas de tránsito y perjudicarían a millones de usuarios.

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Afamoto reiteró además su respaldo al uso obligatorio del casco protector y llamó a reforzar la aplicación de las normas vigentes mediante una mayor presencia de agentes de la Digesett y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el control y la seguridad vial.

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