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¡La energía solar en la mira! UASD cuestiona nueva resolución y propone un cambio en la facturación eléctrica

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Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IEUASD) cuestionó la Resolución SIE 007-2026, al considerar que introduce cargos que podrían desincentivar la instalación de paneles solares en hogares y pequeñas empresas, afectando el desarrollo de la generación distribuida en el país.

UASD critica el cobro por uso de la red

Mediante un informe técnico, el IEUASD reconoció que la resolución contiene avances para la Generación Distribuida (GD), pero advirtió que el nuevo cargo por uso de la red aplicado a los prosumidores —usuarios que generan y consumen su propia energía— carece de una base conceptual sólida y resulta discriminatorio.

Según el instituto, el principal problema del sistema eléctrico dominicano no radica en los pequeños generadores de energía solar, sino en la falta de aplicación de la tarifa técnica, situación que limita los ingresos que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) necesitan para operar de manera eficiente.

Aseguran que los paneles solares benefician la red eléctrica

El informe explica que los clientes bajo la tarifa de Baja Tensión Simple (BTS) inyectan los excedentes de energía en el mismo punto donde reciben el servicio, permitiendo que esa electricidad sea utilizada por consumidores cercanos.

De acuerdo con el IEUASD, este mecanismo ayuda a reducir las pérdidas técnicas del sistema eléctrico, por lo que considera contradictorio aplicar un cargo adicional a quienes contribuyen a mejorar la eficiencia de la red.

Además, señala que mientras los grandes parques fotovoltaicos no pagan un cargo similar por utilizar la infraestructura de distribución, los pequeños usuarios residenciales y comerciales sí deben asumir ese costo, reduciendo el atractivo económico de invertir en energía solar.

Proponen un nuevo modelo de facturación

Como alternativa, el Instituto de Energía de la UASD planteó sustituir el esquema actual por un sistema de facturación neta, basado en una tarifa técnica dividida en dos bloques.

El primer bloque abarcaría a los consumidores con un consumo de hasta 300 kilovatios-hora (kWh) al mes, quienes pagarían una tarifa calculada sobre el Precio Medio de Compra (PMC) de las distribuidoras, además de un margen administrativo y subsidios focalizados para los sectores más vulnerables.

El segundo bloque estaría dirigido a los usuarios con consumos superiores a 301 kWh mensuales, incluyendo automáticamente a los prosumidores. En este caso se aplicaría la tarifa técnica completa, integrada por el PMC más el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Buscan mayor transparencia y equilibrio

El IEUASD explicó que, bajo este modelo, la energía solar inyectada a la red sería valorada según el Precio Medio de Compra del mercado mayorista, mientras que la energía consumida sería facturada con la tarifa técnica correspondiente.

A juicio del instituto, esta propuesta permitiría reducir las pérdidas financieras de las empresas distribuidoras, fomentar la inversión en sistemas fotovoltaicos y garantizar un esquema más transparente y equitativo para todos los actores del sistema eléctrico nacional.

 


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Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IEUASD) cuestionó la Resolución SIE 007-2026, al considerar que introduce cargos que podrían desincentivar la instalación de paneles solares en hogares y pequeñas empresas, afectando el desarrollo de la generación distribuida en el país.

UASD critica el cobro por uso de la red

Mediante un informe técnico, el IEUASD reconoció que la resolución contiene avances para la Generación Distribuida (GD), pero advirtió que el nuevo cargo por uso de la red aplicado a los prosumidores —usuarios que generan y consumen su propia energía— carece de una base conceptual sólida y resulta discriminatorio.

Según el instituto, el principal problema del sistema eléctrico dominicano no radica en los pequeños generadores de energía solar, sino en la falta de aplicación de la tarifa técnica, situación que limita los ingresos que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) necesitan para operar de manera eficiente.

Aseguran que los paneles solares benefician la red eléctrica

El informe explica que los clientes bajo la tarifa de Baja Tensión Simple (BTS) inyectan los excedentes de energía en el mismo punto donde reciben el servicio, permitiendo que esa electricidad sea utilizada por consumidores cercanos.

De acuerdo con el IEUASD, este mecanismo ayuda a reducir las pérdidas técnicas del sistema eléctrico, por lo que considera contradictorio aplicar un cargo adicional a quienes contribuyen a mejorar la eficiencia de la red.

Además, señala que mientras los grandes parques fotovoltaicos no pagan un cargo similar por utilizar la infraestructura de distribución, los pequeños usuarios residenciales y comerciales sí deben asumir ese costo, reduciendo el atractivo económico de invertir en energía solar.

Proponen un nuevo modelo de facturación

Como alternativa, el Instituto de Energía de la UASD planteó sustituir el esquema actual por un sistema de facturación neta, basado en una tarifa técnica dividida en dos bloques.

El primer bloque abarcaría a los consumidores con un consumo de hasta 300 kilovatios-hora (kWh) al mes, quienes pagarían una tarifa calculada sobre el Precio Medio de Compra (PMC) de las distribuidoras, además de un margen administrativo y subsidios focalizados para los sectores más vulnerables.

El segundo bloque estaría dirigido a los usuarios con consumos superiores a 301 kWh mensuales, incluyendo automáticamente a los prosumidores. En este caso se aplicaría la tarifa técnica completa, integrada por el PMC más el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Buscan mayor transparencia y equilibrio

El IEUASD explicó que, bajo este modelo, la energía solar inyectada a la red sería valorada según el Precio Medio de Compra del mercado mayorista, mientras que la energía consumida sería facturada con la tarifa técnica correspondiente.

A juicio del instituto, esta propuesta permitiría reducir las pérdidas financieras de las empresas distribuidoras, fomentar la inversión en sistemas fotovoltaicos y garantizar un esquema más transparente y equitativo para todos los actores del sistema eléctrico nacional.

 

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