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EL MUNDO

Baja concurrencia ministerial: Solo siete cancilleres confirman asistencia a la reunión extraordinaria de la OEA sobre Nicaragua

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Washington. – Tan solo siete cancilleres de los Estados miembros confirmaron su participación directa en la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para este viernes en Washington con el propósito de analizar el progresivo deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.

De acuerdo con el listado oficial difundido por el organismo continental, los ministros de Relaciones Exteriores que asistieron de forma presencial son Carlos Ramiro Alvarado (Guatemala), Kamina Johnson (Jamaica), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Carlos Espá (Perú), Ito Bisonó (República Dominicana), Alva Baptiste (Santa Lucía) y Raina Forbin (Haití). El resto de los países miembros optó por delegar la representación en funcionarios de rangos secundarios, tales como viceministros y embajadores permanentes ante la OEA.

La sesión, fijada para las 11:00 a. m. de Washington (15:00 GMT), marca la primera consulta de ministros de Relaciones Exteriores desde 2017 —cuando se evaluó la crisis institucional en Venezuela— y se celebra sin la presencia de ninguna delegación de Managua, debido a que el Gobierno nicaragüense abandonó formalmente el organismo en 2023.

Debate sobre resolución de derechos humanos y elecciones

Como eje central de la jornada, los Estados debaten una propuesta de resolución impulsada conjuntamente por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y la República Dominicana. El texto emplaza al gobierno de Daniel Ortega a establecer condiciones mínimas para celebrar comicios “libres, justas e inclusivas”, además de exigir:

  • La liberación incondicional de los presos políticos.

  • La divulgación del paradero de las personas desaparecidas.

  • La restitución de la nacionalidad a los ciudadanos despojados de ella.

  • El pleno restablecimiento de la separación de poderes y el pluralismo político.

No obstante, la iniciativa ha generado fricciones diplomáticas. Brasil solicitó formalmente eliminar del documento el acápite que califica las acciones del gobierno nicaragüense como una amenaza directa a "la paz y la seguridad en el hemisferio", así como retirar la condena explícita a la presencia de actores extrahemisféricos (en alusión a potencias como China y Rusia).

La convocatoria inicial de esta sesión ministerial fue aprobada el pasado 19 de agosto con el respaldo de 26 países, registrando el voto en contra de Brasil y la abstención de México.

Antecedentes de la crisis

La máxima instancia de la OEA decidió activar este mecanismo de emergencia luego de que el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, declarara el pasado 19 de julio el fin de los procesos electorales competitivos en el país. Posteriormente, el oficialismo impulsó una reforma constitucional orientada a bloquear jurídicamente la participación de cualquier figura opositora tildada de “traidora a la patria”.

Ortega, de 80 años y exguerrillero sandinista, mantiene el control del poder ejecutivo desde 2007 junto a su esposa y copresidente Rosario Murillo, bajo un esquema marcado por recurrentes denuncias internacionales de fraude, persecución y anulación de la oposición política.


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De acuerdo con el listado oficial difundido por el organismo continental, los ministros de Relaciones Exteriores que asistieron de forma presencial son Carlos Ramiro Alvarado (Guatemala), Kamina Johnson (Jamaica), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Carlos Espá (Perú), Ito Bisonó (República Dominicana), Alva Baptiste (Santa Lucía) y Raina Forbin (Haití). El resto de los países miembros optó por delegar la representación en funcionarios de rangos secundarios, tales como viceministros y embajadores permanentes ante la OEA.

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Debate sobre resolución de derechos humanos y elecciones

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  • La liberación incondicional de los presos políticos.

  • La divulgación del paradero de las personas desaparecidas.

  • La restitución de la nacionalidad a los ciudadanos despojados de ella.

  • El pleno restablecimiento de la separación de poderes y el pluralismo político.

No obstante, la iniciativa ha generado fricciones diplomáticas. Brasil solicitó formalmente eliminar del documento el acápite que califica las acciones del gobierno nicaragüense como una amenaza directa a "la paz y la seguridad en el hemisferio", así como retirar la condena explícita a la presencia de actores extrahemisféricos (en alusión a potencias como China y Rusia).

La convocatoria inicial de esta sesión ministerial fue aprobada el pasado 19 de agosto con el respaldo de 26 países, registrando el voto en contra de Brasil y la abstención de México.

Antecedentes de la crisis

La máxima instancia de la OEA decidió activar este mecanismo de emergencia luego de que el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, declarara el pasado 19 de julio el fin de los procesos electorales competitivos en el país. Posteriormente, el oficialismo impulsó una reforma constitucional orientada a bloquear jurídicamente la participación de cualquier figura opositora tildada de “traidora a la patria”.

Ortega, de 80 años y exguerrillero sandinista, mantiene el control del poder ejecutivo desde 2007 junto a su esposa y copresidente Rosario Murillo, bajo un esquema marcado por recurrentes denuncias internacionales de fraude, persecución y anulación de la oposición política.

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