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¡Con Argentina no se metan! Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que agravien al país

Buenos Aires, Argentina. El presidente Javier Milei firmó un decreto que endurece la política migratoria del país al establecer que los extranjeros que agravien a los argentinos podrán tener prohibido el ingreso al territorio nacional o ser expulsados si ya residen en el país.
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante una modificación de la Ley de Migraciones, incorporando nuevas causales para rechazar el ingreso de ciudadanos extranjeros y cancelar residencias previamente otorgadas.
Gobierno justifica la medida por presuntos actos de hostilidad
En el texto del decreto, el Gobierno argentino sostiene que en los últimos tiempos se ha registrado un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional.
Según el Ejecutivo, estas conductas representan un riesgo para la convivencia social y justifican la adopción de nuevas herramientas legales para proteger a la población.
Aclaran que no afecta la libertad de expresión
El decreto precisa que las nuevas disposiciones no se aplicarán a expresiones de disenso político, críticas académicas, opiniones ciudadanas o manifestaciones realizadas dentro del ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución.
De esta manera, el Gobierno sostiene que la normativa busca sancionar actos de hostilidad y no limitar el debate público o la libertad de expresión.
La decisión llega tras denuncias de una campaña "anti-Argentina"
La publicación del decreto ocurre en medio de las denuncias del Gobierno sobre una supuesta campaña de desprestigio contra Argentina luego del Mundial de Fútbol 2026.
Horas antes de oficializar la medida, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que reafirmó la postura del Ejecutivo.
"La defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable", señaló el Gobierno.
Con esta decisión, la administración de Javier Milei incorpora nuevos criterios dentro de la legislación migratoria, una medida que podría generar debate tanto en el ámbito político como jurídico sobre su aplicación y alcance.