¡Creciente indignación nacional! Redadas letales e «intercambios de disparos» desatan clamor contra el Gobierno, Faride Raful y el director de la Policía

Santo Domingo.– En una contundente escalada de reproche social e institucional que coloca al Gobierno dominicano contra las cuerdas, líderes de la Iglesia Católica, organizaciones de derechos humanos, gremios de abogados, partidos políticos y colectivos comunitarios han levantado una voz unánime de rechazo ante la alarmante ola de muertes registradas a manos de agentes de la Policía Nacional bajo el recurrente y cuestionado argumento de los «intercambios de disparos».

Las intensas protestas e impugnaciones legales, que han cobrado una fuerza sin precedentes entre los meses de septiembre y octubre, apuntan directamente hacia la cúpula del Palacio Nacional. Diversos sectores exigen la intervención inmediata del presidente Luis Abinader para frenar lo que catalogan como ejecuciones extrajudiciales y violaciones flagrantes al debido proceso y al derecho constitucional a la vida. Asimismo, la presión ha derivado en instancias incoadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitudes formales para que el Congreso Nacional someta a interpelación pública a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

Juristas y defensores de derechos humanos sostienen de manera categórica que el Estado dominicano no puede combatir la delincuencia mediante la imposición de una pena de muerte de facto en las calles del país. Ante el aumento de las víctimas mortales en los patrullajes e intervenciones policiales en barriadas populares, los gremios legales exigen auditorías independientes en cada caso y la investigación penal de los efectivos involucrados para erradicar la impunidad y la cultura de abusos en el cuerpo del orden.