Crisis en Haití: Human Rights Watch denuncia más de 1,200 muertes por ataques con drones

La organización Human Rights Watch (HRW) ha emitido una alerta global sobre el uso de drones por parte del gobierno haitiano en su lucha contra las bandas criminales. Según el informe, las operaciones ejecutadas por fuerzas de seguridad y contratistas privados han derivado en ataques "mortales y a gran escala", dejando un saldo trágico de víctimas civiles.

Impacto de las operaciones con drones (2025-2026)

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, se han contabilizado 141 operaciones aéreas con las siguientes consecuencias:

• 1,243 muertes totales confirmadas.

• 60 víctimas civiles inocentes (43 adultos y 17 menores de edad).

• 738 personas heridas, de las cuales al menos 49 no tenían vínculos con pandillas.

El control de las bandas y la crisis humanitaria

Actualmente, las pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe. Solo en 2025, la ONU registró aproximadamente 6,000 muertes debido a la violencia extrema, que incluye secuestros, violaciones y desplazamientos masivos.

Cifras críticas de la emergencia en Haití:

• Desplazamiento: 1.4 millones de personas han huido de sus hogares (10% de la población total).

• Hambre: Casi la mitad de los haitianos sufre inseguridad alimentaria severa.

• Infancia en riesgo: 1.2 millones de niños menores de cinco años están en peligro por falta de alimento y servicios básicos.

Participación de contratistas privados y Vectus Global

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití ha vinculado estos ataques a un grupo especial creado bajo la gestión del primer ministro Alix Didier Fils-Aime. Estas operaciones cuentan con el respaldo operativo de la empresa militar privada Vectus Global, lo que ha generado un llamado urgente de Juanita Goebertus (HRW) para que el gobierno ejerza un control estricto sobre estos contratistas.

"Decenas de personas, incluidos muchos niños, han muerto o resultado heridas en estas letales operaciones", denunció Goebertus, exigiendo el cese de los daños colaterales contra la población civil.