¡Cuatro jueces dicen adiós! Renuncias en la Suprema reavivan debate sobre evaluación del CNM

Santo Domingo. – La salida de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, Luis Henry Molina, vuelve a colocar bajo el foco público el sistema utilizado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar el desempeño de los magistrados.

Además de Molina, decidieron no continuar en el proceso de evaluación Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, este último primer sustituto del presidente de la Suprema y presidente de la Tercera Sala.

Los cuatro se acogieron a una posibilidad contemplada dentro del marco que regula el proceso. Sus decisiones, por sí solas, no permiten establecer una causa común ni atribuirlas directamente a inconformidades con el sistema de evaluación.

Sin embargo, la coincidencia de estas salidas vuelve a abrir la discusión sobre cómo el CNM mide el desempeño de los jueces y cómo los resultados técnicos terminan convirtiéndose en una decisión sobre su permanencia.

¿Cómo evalúa el CNM a los jueces de la Suprema?

La Constitución establece que los jueces de la Suprema Corte deben ser evaluados al concluir siete años desde su elección. El CNM es el órgano constitucional encargado tanto de designar a los jueces de las altas cortes como de evaluar el desempeño de los magistrados de la Suprema.

El marco normativo contempla distintos aspectos para valorar a los jueces, entre ellos su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad y competencias académicas, además de la atención y eficiencia en los casos asignados.

El CNM cuenta, además, con un reglamento específico para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Las renuncias llegan en medio de un proceso bajo escrutinio

La salida de los cuatro magistrados adquiere especial relevancia debido a que ocurre después de procesos anteriores en los que algunos jueces no fueron confirmados por el Consejo.

Entre los magistrados que quedaron fuera en la evaluación anterior estuvieron Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.

Las decisiones generaron interrogantes sobre la manera en que los elementos técnicos y las deliberaciones del Consejo se relacionan con el resultado final.

En el caso de Pilar Jiménez, la votación terminó empatada y el voto del presidente de la República, Luis Abinader, resultó decisivo. Una situación similar ocurrió con Moisés Ferrer, mientras que en el caso de Manuel Read también se tomó en cuenta su cercanía a la edad de retiro obligatorio.

El punto que genera más preguntas: ¿cómo se ponderan los resultados?

El debate no necesariamente gira en torno a la existencia de criterios de evaluación, sino a cómo se ponderan esos criterios y cómo se llega a la decisión definitiva.

La discusión plantea una pregunta central: si un juez obtiene resultados favorables en determinados indicadores técnicos, ¿qué peso tienen esos resultados frente a las entrevistas, deliberaciones y demás elementos considerados por el CNM?

Precisamente ahí surge uno de los principales cuestionamientos: la necesidad de que el proceso permita conocer con suficiente claridad qué peso tiene cada indicador y cómo se relaciona con la decisión final.

Para sectores que defienden una mayor transparencia en la evaluación judicial, una metodología más detallada podría ayudar a reducir la percepción de discrecionalidad y fortalecer la confianza pública en el proceso.

El factor político también forma parte del debate

Otro elemento bajo discusión es la propia composición del Consejo Nacional de la Magistratura.

El CNM no funciona como un comité exclusivamente técnico de evaluación judicial, sino como un órgano constitucional integrado por representantes de diferentes instituciones y poderes del Estado.

Actualmente, el Consejo es encabezado por el presidente Luis Abinader. Su composición incluye representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, entre otros.

La participación de actores con diferentes perfiles profesionales y responsabilidades institucionales alimenta el debate sobre cuál debe ser el equilibrio entre la valoración técnica, la deliberación institucional y la independencia judicial.

¿Qué está en juego?

La discusión trasciende las renuncias individuales de los cuatro magistrados. El punto de fondo es determinar si el sistema de evaluación de los jueces de la Suprema ofrece suficientes garantías de objetividad, transparencia y previsibilidad.

Una evaluación periódica es una herramienta necesaria para determinar la permanencia de quienes ocupan posiciones de alta responsabilidad judicial. Pero, al mismo tiempo, la metodología utilizada debe contribuir a preservar la independencia de los magistrados y evitar que la evaluación sea percibida como un mecanismo de selección basado en criterios difíciles de medir.

La normativa vigente establece las bases del proceso y el CNM dispone de un reglamento específico para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema.

El debate que vuelve a surgir ahora es si esas reglas deberían complementarse con mecanismos que permitan al público conocer con mayor precisión cómo se ponderan los resultados y cómo se justifica la decisión final de confirmar o no a un magistrado.

La renuncia de Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, por tanto, no necesariamente demuestra una falla del sistema, pero sí ofrece un nuevo punto de partida para discutir cómo debe evaluarse a los jueces de la máxima instancia del Poder Judicial dominicano.