¡Desolación nacional! Ola implacable de feminicidios deja al menos 110 huérfanos y 77 mujeres masacradas en República Dominicana durante 2026

Santo Domingo.– Una sobrecogedora y espeluznante crisis social continúa devorando los hogares dominicanos. Según un desgarrador informe de la Fundación Vida Sin Violencia, en lo que va del año 2026 se contabilizan alarmantemente 77 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas sentimentales, una espiral sangrienta que ha dejado en el desamparo absoluto a por lo menos 110 menores de edad tras perder violentamente a sus madres.

El cruento balance oficial se disparó trágicamente esta semana tras registrarse dos despiadados episodios en menos de 48 horas en las provincias Santiago Rodríguez y Azua. En el municipio de Sabaneta, Albenis de Jesús Hernández fue ejecutada de un balazo por su expareja Ariel Báez Rodríguez («Jhochy»), recién llegado de Estados Unidos, quien al día siguiente apareció muerto en circunstancias bajo investigación, dejando a tres niños en la orfandad total. De forma paralela, en la comunidad de Las Yayas de Viajama, en Azua, otro sujeto acribilló a su expareja y posteriormente se suicidó, desatando la consternación de los agentes del Dicrim y los fiscales actuantes.

Santo Domingo encabeza la violencia y señalan a uniformados entre los agresores

Los reveladores datos aportados por la entidad que preside el monitoreo de violencia machista exponen una aterradora realidad institucional: cuatro de los homicidas pertenecían a la Policía Nacional y cuatro a las Fuerzas Armadas, mientras que en cuatro de los sangrientos casos las víctimas contaban con órdenes de alejamiento otorgadas por la justicia que resultaron ser un papel mojado frente al furor de los agresores.

Geográficamente, la Provincia Santo Domingo encabeza la macabra lista de feminicidios con 24 casos, seguida por el Distrito Nacional con 7 e Higüey con 6 ejecuciones. Frente a este dantesco panorama, organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de la mujer claman al Gobierno y al Ministerio Público por una reestructuración urgente de los protocolos de protección y una respuesta contundente ante un drama que destroza el tejido social y el futuro de la infancia dominicana.