ONG denuncian indefensión absoluta ante aceleración de ejecuciones en Irán

Amnistía Internacional y el conjunto de ONG que asisten al Congreso contra la Pena de Muerte de Berlín denunciaron hoy la indefensión absoluta de grupos especialmente vulnerables, como las mujeres, o minorías como la kurda, ante la aceleración de las ejecuciones en Irán.

Al menos 21 participantes en las manifestaciones pacíficas en Irán están expuestos a ser condenados a muerte, según la directora de AI en Oriente Medio y Äfrica, Diana Eltahawy. Son miles ya los detenidos en esas marchas, contra cuatro de los cuales se tiene constancia de que están acusados formalmente de actuar “contra la revolución islámica”, lo que se castiga con la pena capital.

“El principal problema es la falta de transparencia con que actúan los llamados tribunales de la Revolución”, apuntó el director ejecutivo del Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), Raphaël Chenuil-Hazan, cuya ONG organiza dicho congreso, junto con el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores.

La indefensión es absoluta, porque no hay forma siquiera de documentar cuántas muertes se han producido ya desde el inicio de las protestas, hace dos meses, a raíz de la muerte en una comisaría de la joven kurda Mahsa Amini, días después de ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico.

“Cualquier pena de muerte tiene una raíz política, incluidas las que se producen en democracias donde sigue vigente la pena capital”, prosiguió Chenuel-Hazan. En el caso de Irán, son “puramente políticas”, ya que se han acelerado las ejecuciones contra opositores, miembros de la minoría kurda, mujeres que desafían al régimen u hombres que las apoyan.

“La barrera del miedo ha colapsado y el régimen reacciona con más ejecuciones”, apuntó Mahmood Amyry-Moghaddam, de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, otro de los países, junto a Alemania, que sustentan económicamente la organización del Congreso, abierto el lunes en Berlín.

La aceleración de las ejecuciones se plasma en unos datos que, admiten esas ONG, son estimativos por la propia arbitrariedad y falta de transparencia del régimen. En 2018 se documentaron 273, mientras que en 2021 eran 333. En los diez primeros meses de 2022 el número se eleva a 448.

Irán es así el primer país del mundo en cuanto a ejecuciones per capita, según IHR. Y también donde más casos hay en que las víctimas sean mujeres -185 desde 2010 a 2021-.

A las minorías étnicas les corresponde más de un 35 % del total, según detalló Taimoor Aliassi, de la Asociación por los Derechos Humanos de los Kurdos (KMMK-G).

Irán ha entrado en una “dinámica de terror”, añadió por su parte Roya Boroumand, miembro asimismo de IHR. La justicia de ese país, donde de por sí no hay separación de poderes, está “volcada” en lo que considera “proteger la Revolución” y, por tanto, castiga a sus “ofensores”, añadió esta activista.

La situación en Irán es uno de los temas fuertes del Congreso de Berlín, cuyo objetivo es pedir una moratoria a escala mundial a las ejecuciones, como primer paso “realista”, según ECPM, ya que pretender su abolición en un contexto como el actual no lo sería.

La pena de muerte sigue vigente en 52 países, de acuerdo con los datos del ECPM. No sólo en regímenes autoritarios, como Irán o Arabia Saudí, además de China, sino también en democracias dichas avanzadas, como Estados Unidos -pese a los avances en algunos de sus estados, donde o bien se ha abolido la pena capital o no se aplican desde hace años-.

Ya en la apertura del Congreso, el lunes, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, destacó las “tendencias positivas” de algunos países africanos en dirección al abolicionismo, como Zambia, Liberia o Sierra Leona. Pero también lanzó una alerta sobre la situación en Irán.

Baerbock ha defendido la extensión de las sanciones contra Irán recientemente aprobadas a escala de la Unión Europea (UE), lo que ha provocado sucesivas protestas desde Teherán hacia Berlín contra lo que Irán considera “injerencia en asuntos internos”.

“La presión internacional debe ir acompañada de sanciones destinadas a ahogar las redes de financiación de los responsables del régimen en el extranjero”, apuntó Chénuil Hazan.

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