EL PAIS
Altos mandos militares ante la sombra de la justicia por corrupción
El CorreoRD. Santo Domingo.- El pasado fin de semana la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realizó una serie de allanamientos, como parte de su Operación Coral, apresando a seis personas, entre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
Cáceres fue acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, además también se le acusa de formar un entramado militar-policial, societario y religioso del cual forma parte la pastora Rossy Guzmán. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción tanto para Cáceres como para los otros cinco implicados.
El jefe de seguridad del expresidente Medina no es el primero con un alto rango policial o militar que haya tenido que pasar por los tribunales del país, por acusaciones de corrupción administrativa.
Manuel Cuervo Gómez
Uno de los primeros en desfilar ante la justicia, en la historia reciente, fue el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Manuel Cuervo Gómez, quien fue condenado a 20 años de prisión en 1991 por desfalco contra el Estado y otros actos de corrupción, luego de enramar junto al entonces presidente compras irregulares en el Ejército dominicano.
Por ese mismo caso fueron condenados por desfalco y prevaricación Jorge Blanco, Leonel Almonte y Juan Thomás Peña. José Michelén, que fue director de Inespre, y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Nacional, huyeron del país también por acusaciones de corrupción. Cuervo Gómez falleció en el 2012.
“Pepe Goico”
Otro que pasó por el banquillo de los acusados fue el exgeneral Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico), quien fungía como asistente de seguridad personal del expresidente Hipólito Mejía.
Goico fue acusado de recibir dinero del exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino. La Fiscalía estableció que Quirino entregó al imputado US$600,000 para saldar un helicóptero, dejando una vinculación directa con una operación de lavado.
Caso Tucanos
El más reciente de los casos involucra a dos altos rangos militares.
El mayor general retirado y exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel y exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Carlos Piccini Núñez, fueron enviados a juicio de fondo en marzo de este año, acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano para el Ministerio de Defensa durante el 2010.
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Otros escándalos
Actuaciones “ilícitas” durante operativos de combate contra el narcotráfico, también han hecho que las autoridades uniformadas sean juzgadas por tribunales ordinarios.
Uno de los más recientes fue el ocurrido a inicios del 2015 en la provincia Puerto Plata, cuando el entonces jefe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), Carlos Fernández Valerio, fue acusado junto a varios de sus agentes de no reportar la desaparición de 1,200 kilos de cocaína incautados en diferentes operativos.
Fernández Valerio fue cancelado y sometido a la justicia por el caso en donde varios fiscales fueron señalados como cómplices.
La división de persecución de sustancias ilícitas del cuerpo del orden siempre ha estado involucrada en escándalos, desde el 1982, cuando el director del entonces Departamento de Drogas Narcóticas y Peligrosas de la Policía, el coronel Aridio Descartes Pérez y otros cinco agentes de la institución fueron acusados de “distraer” 40 libras de marihuana y una cantidad indeterminada de cocaína.
Ambos fueron cancelados y sometidos ante la justicia antes de ser liberados por falta de pruebas.
Quizás el escándalo más grande que haya involucrado personal policial o militar fue el ocurrido en la comunidad de Paya, en Baní, en agosto del 2008, cuando varios agentes de la Policía Nacional y la Armada (entonces Marina de Guerra) asesinaron a siete extranjeros vinculados al narcotráfico para quitarles la droga que transportaban y el dinero que llevaban.
Por el caso fueron condenados un total de 25 personas, entre ellos los entonces capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el excapitán de corbeta Roberto Augusto Peña Valdez y los extenientes de navío Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío Andrés Tapia Balbuena y el sargento Antonio Manuel Roche Pineda.
El exmayor de la Policía Nacional, Frederick Medina Abud, a pesar de que fue el único identificado por los sobrevivientes, fue dejado fuera del expediente judicial.