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Murió un testigo clave en caso Calamar

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Era uno de los herederos de la sucesión de Jorge Mota, dueño de una parcela en Higüey que habría sido expropiada irregularmente, según el ministerio público

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Muere uno de los querellantes y testigo en el caso de corrupción Calamar
Ángel Enrique Ubiera Mota, querellante y testigo en el caso Calamar. (FUENTE EXTERNA)

Ángel Enrique Ubiera Mota, uno de los querellantes y testigo en el caso de corrupción conocido como Calamar, falleció la noche del sábado, aquejado de problemas de salud.

La información la confirmó su abogado José Javier Bidó, quien indicó que el deceso se produjo a eso de las 11:30 de la noche, mientras Ubiera Mota recibía atenciones médicas en un hospital de La Romana.

El hombre, de 72 años, era uno de los sucesores de Jorge Mota, propietario de una de las parcelas que, de acuerdo con el ministerio público, fue expropiada ilegalmente por la red de corrupción que habría operado en el Ministerio de Hacienda y por el que es acusado el extitular de esa cartera, Donald Guerrero.

Por el fraude, que los investigadores estiman en unos 21,000 millones de pesos, también están acusados otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, incluidos José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas.

Según el expediente de Calamar, Ubiera Mota contactó en 2010 a Juan Tomas Polanco Céspedes, uno de los acusados en el caso, para iniciar las diligencias del pago por expropiación de la parcela número 10, del distrito catastral 10/1, del municipio de Higüey, con una extensión de 2,159,898.00 metros cuadrados. La parcela fue declarada de utilidad pública cuando se creó el Parque Nacional del Este.

Aunque los sucesores habrían logrado el pago de 645,809,502 pesos, mediante un acuerdo transaccional que el órgano acusador dice que fue irregular, los abogados a cargo, incluido Polanco Céspedes, les hicieron firmar cesiones de crédito por 476,809,502 pesos, quedándose para así con más del 70 % del monto recuperado.

Entre los beneficiarios de esos créditos figura el abogado Ángel Lockward, otro de los acusados en Calamar.

"En el caso de Ángel Lockward & Asociados, S.R.L, se establece que se realizan pago de honorarios, pero en todas las diligencias legales de este caso figura como abogado el acusado Juan Tomas Polanco Céspedes, quien fue el que realizó la determinación de herederos", dice el expediente


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Era uno de los herederos de la sucesión de Jorge Mota, dueño de una parcela en Higüey que habría sido expropiada irregularmente, según el ministerio público

Ángel Enrique Ubiera Mota, querellante y testigo en el caso Calamar. (FUENTE EXTERNA)

Ángel Enrique Ubiera Mota, uno de los querellantes y testigo en el caso de corrupción conocido como Calamar, falleció la noche del sábado, aquejado de problemas de salud.

La información la confirmó su abogado José Javier Bidó, quien indicó que el deceso se produjo a eso de las 11:30 de la noche, mientras Ubiera Mota recibía atenciones médicas en un hospital de La Romana.

El hombre, de 72 años, era uno de los sucesores de Jorge Mota, propietario de una de las parcelas que, de acuerdo con el ministerio público, fue expropiada ilegalmente por la red de corrupción que habría operado en el Ministerio de Hacienda y por el que es acusado el extitular de esa cartera, Donald Guerrero.

Por el fraude, que los investigadores estiman en unos 21,000 millones de pesos, también están acusados otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, incluidos José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas.

Según el expediente de Calamar, Ubiera Mota contactó en 2010 a Juan Tomas Polanco Céspedes, uno de los acusados en el caso, para iniciar las diligencias del pago por expropiación de la parcela número 10, del distrito catastral 10/1, del municipio de Higüey, con una extensión de 2,159,898.00 metros cuadrados. La parcela fue declarada de utilidad pública cuando se creó el Parque Nacional del Este.

Aunque los sucesores habrían logrado el pago de 645,809,502 pesos, mediante un acuerdo transaccional que el órgano acusador dice que fue irregular, los abogados a cargo, incluido Polanco Céspedes, les hicieron firmar cesiones de crédito por 476,809,502 pesos, quedándose para así con más del 70 % del monto recuperado.

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