Recesan para este jueves medidas de coerción por Operación Coral

  • El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso de declare complejo

La Jueza Kenia Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó para este jueves, a la una de la tarde, la audiencia de medidas de coerción a los cinco imputados en la Operación Coral.

Romero tomó la decisión después que el Ministerio Público terminó sus argumentos y hizo el pedido de medidas de coerción. La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso pidió 18 meses de prisión preventiva en Najayo y que se declare el caso complejo.

La magistrada también escuchó uno de los abogados de la defensa, que pidió el receso porque tenían más de ocho horas, y “ya no somos tan jóvenes”.

Por el caso, están acusados el mayor general Adán Benoni Cáceres, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, supuesto cerebro financiero del grupo; el teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa); y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Según la solicitud de medidas de coerción, “los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado”.

Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según la acusación de la Pepca, los implicados “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.

El Ministerio Público alega que el grupo habría convertido dinero en una empresa disfrazada de asociación, que habría realizado operaciones millonarias típicas de una organización empresarial.

La Pepca sostiene que los implicados crearon una empresa para presuntamente adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque “su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas”.

“(Los implicados) utilizaron organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado”, manifestó el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.

Al grupo se le acusa también de distraer fondos del Estado mediante personas nombradas en nóminas públicas sin trabajar.

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