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EL PAIS

Germán llama a actuar contra violencia género

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EL CORREO. La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, reconoció ayer la necesidad de tareas por parte del Estado en materia de violencia de género, a la cual definió como una “causa prioritaria”.

“No podemos permitir que la impunidad continúe lacerando la vida de tantas mujeres, niños y niñas”, insistió Germán Brito.

La funcionaria habló de esta manera durante el lanzamiento del programa “Fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales hechos penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género’’.

Esto es una iniciativa de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

La reflexión de la magistrada se enmarca en los más recientes datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República, que contabiliza 24 feminicidios en lo que va de 2024.

La cifra “nos mueve a preocupación” y “nos hace un llamado colectivo a toda la sociedad a hacer algo para frenar” la situación, dijo también este miércoles la directora contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, Ana Andrea Villa Camacho, en declaraciones a la prensa.

De su lado, el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez Hernández, expresó su satisfacción por la implementación del proyecto. “Este programa, más que una iniciativa de desarrollo, es un compromiso firme y decidido para enfrentar los desafíos más apremiantes que enfrentan nuestras sociedades en términos seguridad, integridad y justicia”, manifestó.

En ese mismo orden, resaltó que se trata de “un compromiso, asumido en primer lugar por el presidente de la República, Luis Abinader, que durante su primer mandato ha demostrado su voluntad de luchar contra la corrupción y de asegurar la independencia de poderes esenciales para el funcionamiento de un Estado de derecho”.

“La iniciativa que hoy lanzamos es un reflejo del camino recorrido por la Procuraduría General de la República y la Aecid en apoyo del proceso de reforma y modernización del sector de la justicia penal en el país, que impacta en las mejoras de las condiciones de vida de las personas”, indicó.

Detalló que el programa se sustenta en tres pilares: la persecución penal efectiva, la lucha contra la corrupción administrativa y la lucha contra la violencia contra las mujeres y niños.

“Un programa que contará con el apoyo técnico del Ministerio Fiscal Español para cada una de las áreas mencionadas a través de la implementación de buenas prácticas de investigación, así como la capacitación de los operadores de justicia, estableciendo un vínculo institucional entre ambos Ministerios y entre ambos países”, subrayó.

El programa que se implementará con un presupuesto de 650,000 euros, de fondos españoles, equivalente a 40 millones de pesos, y busca mejorar la persecución de los principales hechos punibles, especialmente la corrupción administrativa y la violencia de género.


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EL CORREO. La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, reconoció ayer la necesidad de tareas por parte del Estado en materia de violencia de género, a la cual definió como una “causa prioritaria”.

“No podemos permitir que la impunidad continúe lacerando la vida de tantas mujeres, niños y niñas”, insistió Germán Brito.

La funcionaria habló de esta manera durante el lanzamiento del programa “Fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales hechos penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género’’.

Esto es una iniciativa de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

La reflexión de la magistrada se enmarca en los más recientes datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República, que contabiliza 24 feminicidios en lo que va de 2024.

La cifra “nos mueve a preocupación” y “nos hace un llamado colectivo a toda la sociedad a hacer algo para frenar” la situación, dijo también este miércoles la directora contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, Ana Andrea Villa Camacho, en declaraciones a la prensa.

De su lado, el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez Hernández, expresó su satisfacción por la implementación del proyecto. “Este programa, más que una iniciativa de desarrollo, es un compromiso firme y decidido para enfrentar los desafíos más apremiantes que enfrentan nuestras sociedades en términos seguridad, integridad y justicia”, manifestó.

En ese mismo orden, resaltó que se trata de “un compromiso, asumido en primer lugar por el presidente de la República, Luis Abinader, que durante su primer mandato ha demostrado su voluntad de luchar contra la corrupción y de asegurar la independencia de poderes esenciales para el funcionamiento de un Estado de derecho”.

“La iniciativa que hoy lanzamos es un reflejo del camino recorrido por la Procuraduría General de la República y la Aecid en apoyo del proceso de reforma y modernización del sector de la justicia penal en el país, que impacta en las mejoras de las condiciones de vida de las personas”, indicó.

Detalló que el programa se sustenta en tres pilares: la persecución penal efectiva, la lucha contra la corrupción administrativa y la lucha contra la violencia contra las mujeres y niños.

“Un programa que contará con el apoyo técnico del Ministerio Fiscal Español para cada una de las áreas mencionadas a través de la implementación de buenas prácticas de investigación, así como la capacitación de los operadores de justicia, estableciendo un vínculo institucional entre ambos Ministerios y entre ambos países”, subrayó.

El programa que se implementará con un presupuesto de 650,000 euros, de fondos españoles, equivalente a 40 millones de pesos, y busca mejorar la persecución de los principales hechos punibles, especialmente la corrupción administrativa y la violencia de género.

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