¡Guerra jurídica y ambiental en el Cibao! Acudirán a los tribunales para paralizar la Autopista del Ámbar por supuestas ilegalidades

Santiago.– En una encendida confrontación que amenaza con frenar una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas del Gobierno en la región Norte, el colectivo social y ambiental Unidos Somos Más —conformado por sacerdotes, juristas, ecologistas y campesinos— anunció este miércoles 4 de noviembre que interpondrá un recurso de amparo de extrema urgencia ante los tribunales para paralizar de inmediato la construcción de la Autopista del Ámbar.

El contraataque legal estalla luego de que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunciara el arranque de las excavaciones en el tramo de Montellano, provincia Puerto Plata. Durante una concurrida rueda de prensa encabezada por el sacerdote Rainer Rafael Vásquez Ferreira, el expresidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, Eduardo Rodríguez, y Nelson Reyes, de la Fundación Ecológica Tropical, los querellantes denunciaron que las maquinarias pesadas invadieron la fragilidad de la Cordillera Septentrional sin contar previamente con una licencia ambiental, poniendo en inminente peligro las fuentes acuíferas, la flora y la biodiversidad de la zona. El colectivo exige que el Estudio de Impacto Ambiental sea entregado de inmediato a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para una auditoría técnica independiente, advirtiendo que volverán a las calles con protestas pacíficas si se mantiene la intervención.

Fuerza oficialista responde: RD Vial exhibe permisos expedidos el 27 de octubre

Frente a la escalada de denuncias, el director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, salió al paso para desmentir las acusaciones y asegurar que el proyecto cuenta con el debido aval legal. Rizik Lugo hizo públicas las autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitidas el pasado 27 de octubre de 2026 bajo los códigos oficiales S01-26-02880 y S01-26-02883. Sin embargo, la disputa técnica persiste, ya que la plataforma comunitaria sostiene su demanda basándose en una certificación previa del propio ministerio del 23 de octubre que acreditaba la inexistencia de permisos, por lo que la batalla decisiva sobre el futuro de la supercarretera se librará en los estrados judiciales.