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¡La OGTIC defiende contrato de alquiler millonario!

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ELCORREORD-A raíz de que se hiciera público el contrato de alquiler de un edificio por más de RD$1,400 millones, hecho por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y ante la solicitud de que el caso sea investigado, la entidad gubernamental defendió el contrato.

En un comunicado, la entidad que dirige Bartolomé Pujals explicó que el alquiler es por diez años del Edificio Vista 311, del piso 6 al 10, y que se realizó con otra empresa del Estado, como es Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas.

La OGTIC justifica el contrato al señalar que “este modelo evita que el Estado tenga que disponer de todo el dinero de una sola vez para comprar inmuebles. En lugar de eso, se optimizan los recursos públicos, permitiendo que estos se utilicen para proyectos esenciales en salud, educación e infraestructura”.

Se destaca que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Máximo Calzado Reyes, pidió que se investigue ese contrato. “Esas contrataciones son a todas luces groseras, y constituyen una dilapidación de los fondos públicos”.

A continuación reproducimos el comunicado de la OGTIC:

Desde la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) aclaramos las dudas sobre el alquiler del Edificio Vista 311, ante informaciones imprecisas difundidas recientemente.

El contrato para el alquiler del Edificio Corporativo Vista 311 (piso 6 al piso 10) consiste en una operación llave en mano, que incluyó alquiler a 10 años, la adecuación del edificio y mantenimiento de este. Esta operación se realiza con Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas, empresas 100% públicas que pertenecen al Grupo Reservas.

El edificio Vista 31l es propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, que es administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Reservas, y gestionados los cobros de los alquileres por la Sociedad Inmobiliaria Reservas que utiliza las aportaciones de los trabajadores dominicanos que están en las AFP y que forman parte del Fondo de Inversión citado. El alquiler se realiza al propio Estado dominicano, garantizando que los beneficios de la operación regresen a los fondos de pensiones.

Este modelo evita que el Estado tenga que disponer de todo el dinero de una sola vez para comprar inmuebles. En lugar de eso, se optimizan los recursos públicos, permitiendo que estos se utilicen para proyectos esenciales en salud, educación e infraestructura.

La operación del contrato entre OGTIC e Inmobiliaria Reservas fue evaluada por comités técnicos y aprobada por los órganos de control interno de la administración pública. Además, este inmueble forma parte de un Fondo de Inversión aprobado por la Superintendencia de Valores, asegurando que no existan sobreprecios ni favoritismos y que los montos de alquiler estén conformes con los valores de mercado.

Al alquilar en vez de comprar, el Estado mantiene flexibilidad financiera y puede destinar los fondos disponibles a proyectos prioritarios para la ciudadanía.

Con este tipo de procesos y transacciones financieras, eliminamos la práctica de que se alquile a una persona o empresa X, beneficiando a un particular. Aquí la rentabilidad se queda en el Estado y beneficia al ciudadano, en un esquema de economía circular. Quienes aportan el dinero a la AFI para invertir en estos inmuebles, son los ciudadanos que poseen fondos en una AFP.

Este tipo de operaciones es una práctica común y rentable en el sector inmobiliario. Tanto empresas privadas como públicas utilizan este modelo para generar ingresos sostenibles a largo plazo.

Además, es importante resaltar que esta operación se adjudicó el 16 de diciembre del año 2022 y el contrato de alquiler fue firmado el 17 de enero de 2023

En OGTIC reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y eficiencia en la gestión pública. Seguimos trabajando para modernizar los servicios digitales del Estado, siempre en beneficio de todos los dominicanos


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ELCORREORD-A raíz de que se hiciera público el contrato de alquiler de un edificio por más de RD$1,400 millones, hecho por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y ante la solicitud de que el caso sea investigado, la entidad gubernamental defendió el contrato.

En un comunicado, la entidad que dirige Bartolomé Pujals explicó que el alquiler es por diez años del Edificio Vista 311, del piso 6 al 10, y que se realizó con otra empresa del Estado, como es Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas.

La OGTIC justifica el contrato al señalar que “este modelo evita que el Estado tenga que disponer de todo el dinero de una sola vez para comprar inmuebles. En lugar de eso, se optimizan los recursos públicos, permitiendo que estos se utilicen para proyectos esenciales en salud, educación e infraestructura”.

Se destaca que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Máximo Calzado Reyes, pidió que se investigue ese contrato. “Esas contrataciones son a todas luces groseras, y constituyen una dilapidación de los fondos públicos”.

A continuación reproducimos el comunicado de la OGTIC:

Desde la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) aclaramos las dudas sobre el alquiler del Edificio Vista 311, ante informaciones imprecisas difundidas recientemente.

El contrato para el alquiler del Edificio Corporativo Vista 311 (piso 6 al piso 10) consiste en una operación llave en mano, que incluyó alquiler a 10 años, la adecuación del edificio y mantenimiento de este. Esta operación se realiza con Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas, empresas 100% públicas que pertenecen al Grupo Reservas.

El edificio Vista 31l es propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, que es administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Reservas, y gestionados los cobros de los alquileres por la Sociedad Inmobiliaria Reservas que utiliza las aportaciones de los trabajadores dominicanos que están en las AFP y que forman parte del Fondo de Inversión citado. El alquiler se realiza al propio Estado dominicano, garantizando que los beneficios de la operación regresen a los fondos de pensiones.

Este modelo evita que el Estado tenga que disponer de todo el dinero de una sola vez para comprar inmuebles. En lugar de eso, se optimizan los recursos públicos, permitiendo que estos se utilicen para proyectos esenciales en salud, educación e infraestructura.

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Este tipo de operaciones es una práctica común y rentable en el sector inmobiliario. Tanto empresas privadas como públicas utilizan este modelo para generar ingresos sostenibles a largo plazo.

Además, es importante resaltar que esta operación se adjudicó el 16 de diciembre del año 2022 y el contrato de alquiler fue firmado el 17 de enero de 2023

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