La SIP denuncia persecución judicial contra periodistas de “Amigos de Paipa” en Colombia

EL CORREO. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el uso indebido del sistema judicial por parte de autoridades en Colombia como mecanismo de censura contra periodistas del medio digital Amigos de Paipa. Los comunicadores han sido objeto de estigmatización, hostigamiento y presiones judiciales debido a su cobertura crítica sobre temas de interés público en el municipio de Paipa, Boyacá.

Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, fundadores del medio —que opera a través de la página de Facebook Amigos de Paipa— han documentado durante años la gestión pública, el patrimonio histórico y el urbanismo local. Recientemente denunciaron ante la SIP una campaña de acoso impulsada por funcionarios de la alcaldía de Paipa, bajo la administración del alcalde Germán Ricardo Camacho.

Uno de los temas más polémicos ha sido la demolición de casonas coloniales con más de 250 años de antigüedad, ubicadas en el centro histórico del municipio. El Ministerio de Cultura de Colombia calificó esta acción como un “crimen” contra el patrimonio cultural. A pesar de advertencias judiciales y recomendaciones oficiales, las demoliciones siguieron adelante.

Como represalia por su labor informativa, los periodistas enfrentaron una acción de tutela promovida por el propio alcalde, que derivó en audiencias judiciales, multas e incluso órdenes de arresto. Ambos residen actualmente en Estados Unidos, pero fueron públicamente acusados de generar “zozobra y terror”, en un intento por criminalizar su trabajo periodístico.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció el uso desproporcionado de recursos estatales para intimidar a los comunicadores, generando un entorno hostil que afecta su seguridad y derecho a informar.

El caso escaló hasta la Corte Constitucional de Colombia, que el pasado 6 de mayo anuló las decisiones judiciales contra Amigos de Paipa. El alto tribunal reconoció que se vulneraron derechos fundamentales y calificó el proceso como un abuso del sistema judicial.

“Con preocupación denunciamos que autoridades locales utilicen la justicia para intimidar y silenciar a periodistas”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, advirtió que el hostigamiento judicial contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que presiones para silenciar periodistas son incompatibles con una sociedad libre. Asimismo, la Declaración de Chapultepec reafirma que ningún medio o periodista debe ser sancionado por denunciar abusos del poder.

La SIP, con sede en Miami, agrupa a más de 1.300 medios en las Américas y trabaja por la defensa de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.