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Las razones para eliminar las Pruebas Nacionales en debate

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EL CORREO. Las Pruebas Nacionales son una herramienta de evaluación, certificación y promoción para los estudiantes del nivel secundario, cuyo origen se remonta al 1991. Además de aplicarse en el último curso de la educación secundaria, para ese entonces también abarcaban el cuarto y octavo grado del nivel básico. Tras 33 años, se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de eliminarlas totalmente.

El viceministro de Supervisión y Control de Calidad del Ministerio de Educación (Minerd), Oscar Amargós, indicó que se está analizando la pertinencia de este instrumento, debido a que hoy en día hay evaluaciones que pueden lograr los mismos objetivos, como el caso de las pruebas diagnósticas.

Otra de las razones para su eliminación es que, según señala, pueden ser un impedimento para que los estudiantes ingresen a la educación superior. De acuerdo con el informe de las Pruebas Nacionales del 2023, el 24.47 % de los estudiantes que se evaluaron en la primera convocatoria fueron remitidos a la segunda.

En contraposición, hay actores del sistema, como la exministra de Educación, Jacquelin Malagón, que considera que estas pruebas deben permanecer bajo cualquier circunstancia y ser reforzadas para garantizar los estándares de calidad.

Propuestas

Rechazó la propuesta de reemplazarlas por las evaluaciones diagnósticas, manifestando que estas pruebas no invitan a los jóvenes a estudiar, y que estos no les ponen el empeño que se requiere.

De acuerdo con Amargós la función de las pruebas diagnósticas es determinar las deficiencias del sistema para corregirlo con anticipación. Si se decidiera suprimir las Pruebas Nacionales, propone el refuerzo de las diagnósticas y el establecimiento de un instrumento, dirigido por el centro, para la promoción de los estudiantes de sexto de secundaria.

Xiomara Guante, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), respaldó la posible eliminación de las PN bajo la premisa de que “hace tiempo cumplieron su cometido” de servir como investigación para determinar las deficiencias educativas y actuar en consecuencia.

La maestra expresó que esas evaluaciones perdieron su esencia en cuanto fueron eliminadas de cuarto de primaria, en 1996, y de octavo de primaria (ahora segundo de secundaria), en 2016. Además, reafirmó que las pruebas diagnósticas están cumpliendo este objetivo, por lo que seguir con ambas sería duplicar el esfuerzo y el gasto.

Exhortó, además de usar las pruebas diagnósticas, reevaluar un filtro que permita determinar si los estudiantes del ultimo nivel educativo están listos para ser promovidos al nivel superior.

No eliminarlas

Jacqueline Malagón manifestó que las Pruebas Nacionales deben permanecer, debido a que es la única herramienta de medición para determinar si un estudiante es promovido. Entiende que estas evaluaciones deben ser fortalecidas.

“Son las pruebas finales de la educación preuniversitaria, la única medición para promoción que tiene el sistema antes de lanzar el estudiante a la etapa universitaria. Determina si está apto para la educación universitaria, o para entrar al mercado laboral. Mide a todos con la misma vara”, expresó.

Evolución

Darwin Caraballo, director ejecutivo de la Acción Empresarial para la Educación (Educa), indicó que eliminar las evaluaciones sin una herramienta que logre objetivos similares no es válido, por lo que exhortó una revisión de la metodología y el propósito de la misma.

“Las pruebas son necesarias, pero sí estaríamos a favor de reivindicar el diseño metodológico, los objetivos y su utilidad. Entonces, en lugar de ser un instrumento para contemplar una nota final de un estudiante, nos parece más valioso que aporte información sobre cuál es el nivel de logro alcanzado en términos de competencias”, dijo.

Señaló que así podrían utilizarse para los que los institutos de educación superior sepan cuáles áreas reforzar en el ciclo preparatorio que incluye los estudios superiores.

“Lo que tendría que ocurrir es que las Pruebas Nacionales evolucionarán hacia un tipo de prueba diagnóstica que permitiera constituirse en un instrumento que permita diseñar mejores políticas públicas mucho más que dar una calificación final”, expresó.


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Durante el año escolar 2025-2026 se han registrado 1,384 horas de clases perdidas, con 61 días lectivos afectados como resultado de 55 convocatorias de suspensión que han impactado a 7,921 centros educativos públicos y semioficiales en las 18 regionales educativas. Este resultado de la pérdida de docencia fue arrojado por el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, una nueva herramienta que permitirá cuantificar en tiempo real el costo educativo y económico de las suspensiones en el sector educativo. La plataforma fue desarrollada por Acción Empresarial por la Educación (Educa), junto con el Foro Socioeducativo, la Federación Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE) y Fe y Alegría. De acuerdo con el informe presentado por la directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, la estimación económica establece que cada día de docencia suspendida representa un costo aproximado de 883 millones de pesos en valor educativo no impartido, lo que sitúa el impacto acumulado del período en 4,471 millones de pesos. Explicó que la cifra se fundamenta en una actualización metodológica basada en el Informe de Veeduría del Pacto Educativo de 2018, utilizando el presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación correspondiente a 2025, ascendente a 304,932.7 millones de pesos, y el calendario oficial de 191 días lectivos aprobado por el Consejo Nacional de Educación para el presente año escolar. “De las 1,384 horas de clases que se han perdido en el año escolar, están afectados unos 7,900 centros educativos del sector público y semioficial. La continuidad de la docencia no es un tema administrativo, sino un tema de derecho, equidad y desarrollo nacional. Cada día de aprendizaje perdido representa oportunidades que difícilmente puedan recuperarse”, dijo Machado. Asimismo, destacó que los resultados arrojados por la plataforma no buscan crear un ambiente pesimista, sino incentivar mejoras para el año escolar 2026-2027 y lograr que los números reflejados puedan revertirse. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. Introduce tu email RELACIONADAS Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educación Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo Educación Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo “Podemos colaborar con la alimentación de la plataforma y agradecemos a las instituciones que se han sumado a la iniciativa, la cual está disponible en la página web. Allí se puede ver incluso en qué se basa la misma”, indicó Machado. Expandir imagen[object HTMLTextAreaElement] Interfax del Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases. (CAPTURA DE PANTALLA A LA PÁGINA WEB.) Causas de la interrupción de docencia El análisis sitúa a los eventos meteorológicos y a los paros o huelgas sindicales como las principales causas de interrupción de la docencia. En ese sentido, la plataforma arrojó un resultado de 24.5 % para los fenómenos atmosféricos y de 25 % para las protestas. Les siguen las celebraciones y festividades locales (17 %), las asambleas docentes (8 %), otras causas diversas (8 %), los congresos y eventos académicos (7 %), las condiciones de infraestructura escolar (6 %), la falta de servicios básicos (2 %) y los procesos de fumigación, saneamiento y actividades electorales (1 % cada uno). El Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases identificó a la Regional 05 de San Pedro de Macorís como la más afectada del país, con 18 días perdidos, equivalentes al 9.4 % del año escolar. El monitor incorpora, además, un sistema georreferenciado de incidencias que permite visualizar la distribución territorial de las interrupciones y documentar las causas específicas reportadas en cada comunidad educativa. Asimismo, integra un mecanismo de reporte ciudadano mediante el cual directores, docentes, familias y comunidades pueden notificar las suspensiones que ocurren en sus centros. Bajo el principio de que “la transparencia la construimos juntos”, Educa invita a la ciudadanía a sumarse a la verificación y actualización permanente de los datos. La herramienta fue lanzada durante la presentación de la nueva junta directiva de Educa, en un acto realizado en el Museo de Historia y Geografía, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Expandir imagenInfografía Susana Martínez Nadal, nueva presidenta de Educa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) Expresidentes de Educa respaldan herramienta Durante el acto, los expresidentes de Educa sostuvieron un conversatorio en el que compartieron sus experiencias durante los años de gestión, las luchas que enfrentaron y su posición respecto al sistema educativo actual. Los exdirigentes de Educa respaldaron, además, la creación de la nueva plataforma y aseguraron que representa un avance para el país. El panel de “Pasados Presidentes” estuvo integrado por Luis Sánchez Noble, Juan Tomás Tavares, George Santoni, José Mármol, Samuel Conde, María Waleska Álvarez, Elena Viyella y Samuel Conde. Pérdida de docencia Los hallazgos de la nueva herramienta sobre pérdida de docencia colocan nuevamente en debate el proyecto de resolución que busca instruir al Ministerio de Educación a descontar el salario de los maestros que falten a la docencia por causas injustificadas, incluidas las huelgas. En ese orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, indicó, tras ser abordado por periodistas, que lo fundamental es evitar la pérdida de clases por el bienestar de los estudiantes. “Creo que hay que mejorar el tema de que no se suspendan las clases, porque nadie quiere que se les quite el sueldo a los maestros ni que los niños pierdan clases. Así que vamos a trabajar para que no se pierda ni un solo día. Pienso que lo importante es que se garantice la jornada escolar”, manifestó. El proyecto sostiene que las ausencias injustificadas de maestros retrasan el calendario escolar y perjudican el derecho a la educación de los estudiantes. La propuesta está siendo evaluada por la Cámara de Diputados y busca implementar un sistema electrónico de control de asistencia. Leer más

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El viceministro de Supervisión y Control de Calidad del Ministerio de Educación (Minerd), Oscar Amargós, indicó que se está analizando la pertinencia de este instrumento, debido a que hoy en día hay evaluaciones que pueden lograr los mismos objetivos, como el caso de las pruebas diagnósticas.

Otra de las razones para su eliminación es que, según señala, pueden ser un impedimento para que los estudiantes ingresen a la educación superior. De acuerdo con el informe de las Pruebas Nacionales del 2023, el 24.47 % de los estudiantes que se evaluaron en la primera convocatoria fueron remitidos a la segunda.

En contraposición, hay actores del sistema, como la exministra de Educación, Jacquelin Malagón, que considera que estas pruebas deben permanecer bajo cualquier circunstancia y ser reforzadas para garantizar los estándares de calidad.

Propuestas

Rechazó la propuesta de reemplazarlas por las evaluaciones diagnósticas, manifestando que estas pruebas no invitan a los jóvenes a estudiar, y que estos no les ponen el empeño que se requiere.

De acuerdo con Amargós la función de las pruebas diagnósticas es determinar las deficiencias del sistema para corregirlo con anticipación. Si se decidiera suprimir las Pruebas Nacionales, propone el refuerzo de las diagnósticas y el establecimiento de un instrumento, dirigido por el centro, para la promoción de los estudiantes de sexto de secundaria.

Xiomara Guante, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), respaldó la posible eliminación de las PN bajo la premisa de que “hace tiempo cumplieron su cometido” de servir como investigación para determinar las deficiencias educativas y actuar en consecuencia.

La maestra expresó que esas evaluaciones perdieron su esencia en cuanto fueron eliminadas de cuarto de primaria, en 1996, y de octavo de primaria (ahora segundo de secundaria), en 2016. Además, reafirmó que las pruebas diagnósticas están cumpliendo este objetivo, por lo que seguir con ambas sería duplicar el esfuerzo y el gasto.

Exhortó, además de usar las pruebas diagnósticas, reevaluar un filtro que permita determinar si los estudiantes del ultimo nivel educativo están listos para ser promovidos al nivel superior.

No eliminarlas

Jacqueline Malagón manifestó que las Pruebas Nacionales deben permanecer, debido a que es la única herramienta de medición para determinar si un estudiante es promovido. Entiende que estas evaluaciones deben ser fortalecidas.

“Son las pruebas finales de la educación preuniversitaria, la única medición para promoción que tiene el sistema antes de lanzar el estudiante a la etapa universitaria. Determina si está apto para la educación universitaria, o para entrar al mercado laboral. Mide a todos con la misma vara”, expresó.

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Darwin Caraballo, director ejecutivo de la Acción Empresarial para la Educación (Educa), indicó que eliminar las evaluaciones sin una herramienta que logre objetivos similares no es válido, por lo que exhortó una revisión de la metodología y el propósito de la misma.

“Las pruebas son necesarias, pero sí estaríamos a favor de reivindicar el diseño metodológico, los objetivos y su utilidad. Entonces, en lugar de ser un instrumento para contemplar una nota final de un estudiante, nos parece más valioso que aporte información sobre cuál es el nivel de logro alcanzado en términos de competencias”, dijo.

Señaló que así podrían utilizarse para los que los institutos de educación superior sepan cuáles áreas reforzar en el ciclo preparatorio que incluye los estudios superiores.

“Lo que tendría que ocurrir es que las Pruebas Nacionales evolucionarán hacia un tipo de prueba diagnóstica que permitiera constituirse en un instrumento que permita diseñar mejores políticas públicas mucho más que dar una calificación final”, expresó.

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