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Más del 50 % de beneficiarios del Siuben no son pobres, según informe

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EL CORREO. El 43.4 % de las personas empadronadas en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) reside en hogares con niveles de pobreza extrema y moderada. Elías Piña posee el mayor porcentaje de habitantes que sobreviven con pocos recursos, de acuerdo con el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la República Dominicana.

El resto de los beneficiarios incluye a familias de estrato socioeconómico medio y alto, las cuales  reciben algún tipo de transferencia del Estado para necesidades puntuales, como las que canaliza el programa Supérate y sus componentes Aliméntate, Aprende, Avanza, Familia Feliz, Bonoluz, Bonogas y Supérate Mujer.

En el documento se hace referencia a la más reciente encuesta realizada por el Siuben, entre el 2017 y 2018, para actualizar sus indicadores sobre el padrón de hogares elegibles según el Índice de Calidad de Vida (ICV), que se basa en 17 variables socioeconómicas, demográficas y de vulnerabilidad, así como dimensiones de bienestar dentro de cada categoría por zona rural, urbana o metropolitana. En el periodo había 6,182,098 personas en los dos niveles más bajos de pobreza.

El Ministerio de Hacienda informó que el Marco de Referencia forma parte de la estrategia de seguimiento del Estado a los diferentes programas dirigidos a transformar el transporte público, para hacerlo más sostenible y digno, promover energías renovables, implementar programas de eficiencia energética, desarrollar infraestructuras y tecnologías para la gestión de residuos sólidos y apoyo a iniciativas que aseguren la gestión sostenible y la conservación de los recursos hídricos del país.

Además, el informe incluye en el renglón prioridades sociales que el Estado desarrolle proyectos y programas de educación, salud, equidad de género, entre otros,  destinado para hogares en situación de pobreza extrema y moderada, así como para niños y jóvenes, entre 14 y 24 años, agricultores y población rural.

Equidad de género

Sobre las brechas existentes por clase y sexo, explica que el Ministerio de la Mujer desarrolla el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2020-2030, en el que aborda la educación, para la igualdad, salud integral, autonomía económica, participación social y política. Suma otras variables que se toman en cuenta para elevar los niveles de conocimiento de las mujeres, para alcanzar a sus pares masculinos.

En ese orden, se identifica la incidencia de las brechas salariales en los hogares más pobres, debido a que, entre los trabajadores de bajos ingresos, las mujeres tienen un sueldo promedio 27 %  por debajo del que reciben los hombres.

La información fue resaltada ayer a través de una nota de prensa en la que se explica que el levantamiento referencial es un indicador para las emisiones de instrumentos financieros por parte del sector público para solventar necesidades sociales y el desarrollo sostenible.

Clasifican el presupuesto

La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (Digepres) ha desarrollado una metodología para la implementación de un nuevo clasificador funcional del gasto. La nueva metodología también contempla la reducción de las brechas económicas sociales y de género.

"El clasificador funcional de género es implementado en la formulación presupuestaria del 2023. Se estima que para este año en curso serán destinados 112 millones de dólares a actividades vinculadas con la equidad de género", dice el documento de bonos verdes.

Las subfunciones a ejecutar contienen acciones focalizadas en mujeres, corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y reproducción de la fuerza de trabajo.  También, acciones que fomenten la igualdad de género y otras preventivas.

El Marco de Referencia tiene como objetivo describir los compromisos y obligaciones del país para las emisiones de bonos soberanos verdes, sociales y sostenibles, que permitirán financiar las estrategias sectoriales de ambiente, la transición sostenible y la inversión social del país.

Hacienda es la entidad encargada de la implementación del Marco y la estructuración y ejecución de las emisiones.

Los pagos de capital de intereses sobre las emisiones realizadas estarán contemplados en las estimaciones del servicio de la deuda pública aprobada en el Presupuesto General del Estado para cada año.

Los fondos netos percibidos por cualquier emisión de bonos soberanos verdes, sociales o sostenibles del país serán usados para financiar gastos elegibles en el Presupuesto vigente en el que sean emitidos.


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El resto de los beneficiarios incluye a familias de estrato socioeconómico medio y alto, las cuales  reciben algún tipo de transferencia del Estado para necesidades puntuales, como las que canaliza el programa Supérate y sus componentes Aliméntate, Aprende, Avanza, Familia Feliz, Bonoluz, Bonogas y Supérate Mujer.

En el documento se hace referencia a la más reciente encuesta realizada por el Siuben, entre el 2017 y 2018, para actualizar sus indicadores sobre el padrón de hogares elegibles según el Índice de Calidad de Vida (ICV), que se basa en 17 variables socioeconómicas, demográficas y de vulnerabilidad, así como dimensiones de bienestar dentro de cada categoría por zona rural, urbana o metropolitana. En el periodo había 6,182,098 personas en los dos niveles más bajos de pobreza.

El Ministerio de Hacienda informó que el Marco de Referencia forma parte de la estrategia de seguimiento del Estado a los diferentes programas dirigidos a transformar el transporte público, para hacerlo más sostenible y digno, promover energías renovables, implementar programas de eficiencia energética, desarrollar infraestructuras y tecnologías para la gestión de residuos sólidos y apoyo a iniciativas que aseguren la gestión sostenible y la conservación de los recursos hídricos del país.

Además, el informe incluye en el renglón prioridades sociales que el Estado desarrolle proyectos y programas de educación, salud, equidad de género, entre otros,  destinado para hogares en situación de pobreza extrema y moderada, así como para niños y jóvenes, entre 14 y 24 años, agricultores y población rural.

Equidad de género

Sobre las brechas existentes por clase y sexo, explica que el Ministerio de la Mujer desarrolla el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2020-2030, en el que aborda la educación, para la igualdad, salud integral, autonomía económica, participación social y política. Suma otras variables que se toman en cuenta para elevar los niveles de conocimiento de las mujeres, para alcanzar a sus pares masculinos.

En ese orden, se identifica la incidencia de las brechas salariales en los hogares más pobres, debido a que, entre los trabajadores de bajos ingresos, las mujeres tienen un sueldo promedio 27 %  por debajo del que reciben los hombres.

La información fue resaltada ayer a través de una nota de prensa en la que se explica que el levantamiento referencial es un indicador para las emisiones de instrumentos financieros por parte del sector público para solventar necesidades sociales y el desarrollo sostenible.

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"El clasificador funcional de género es implementado en la formulación presupuestaria del 2023. Se estima que para este año en curso serán destinados 112 millones de dólares a actividades vinculadas con la equidad de género", dice el documento de bonos verdes.

Las subfunciones a ejecutar contienen acciones focalizadas en mujeres, corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y reproducción de la fuerza de trabajo.  También, acciones que fomenten la igualdad de género y otras preventivas.

El Marco de Referencia tiene como objetivo describir los compromisos y obligaciones del país para las emisiones de bonos soberanos verdes, sociales y sostenibles, que permitirán financiar las estrategias sectoriales de ambiente, la transición sostenible y la inversión social del país.

Hacienda es la entidad encargada de la implementación del Marco y la estructuración y ejecución de las emisiones.

Los pagos de capital de intereses sobre las emisiones realizadas estarán contemplados en las estimaciones del servicio de la deuda pública aprobada en el Presupuesto General del Estado para cada año.

Los fondos netos percibidos por cualquier emisión de bonos soberanos verdes, sociales o sostenibles del país serán usados para financiar gastos elegibles en el Presupuesto vigente en el que sean emitidos.

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