¡Municiones con sello policial en el tiroteo vecino! El millonario 'delivery' de la Operación Pandora a las bandas de Haití

Un informe del Panel de Expertos de la ONU reveló que organizaciones criminales en Haití utilizan municiones que coinciden con las sustraídas de la Policía Nacional dominicana, en un escándalo que involucra el desvío de 908,001 proyectiles valorados en RD$92,191,732.92 e investigados bajo la denominada Operación Pandora.

El documento presentado al Consejo de Seguridad de la ONU detalla que en inspecciones realizadas en 2026 a municiones incautadas en Puerto Príncipe, los peritos identificaron pertrechos usados por la banda 400 Mawozo y grupos delictivos de Bel-Air que concuerdan con el inventario sustraído de los depósitos policiales dominicanos.

La investigación internacional se originó en 2024, cuando autoridades haitianas decomisaron en Mirebalais unas 5,000 balas calibre 5.56 × 45 mm a grupos armados. Tras la alerta de la ONU, la Policía Nacional realizó un inventario interno descubriendo la falta de 489,000 cartuchos 9 mm, 230,000 calibre 5.56 × 45 mm, 26,000 de 7.62 × 39 mm y 93,000 cartuchos para escopeta calibre 12.

Expertos de la ONU indicaron que es altamente probable que una parte sustancial del material fuera trasladada a Haití, debido al limitado mercado local dominicano para calibres de alto poder como el 5.56 × 45 mm y 7.62 × 39 mm, de uso común por las bandas haitianas.

El Ministerio Público dominicano destapó la red en noviembre de 2024 mediante la Operación Pandora, arrestando a altos oficiales como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas, y el capitán Nelson Valdez, responsable del depósito, junto a otros subordinados y civiles que comercializaban el material.

A la fecha, el proceso judicial registra dos condenas: el armero Marino Antonio Rodríguez Toribio fue sentenciado a cinco años de arresto domiciliario y el cierre de la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L., mientras que la imputada Miguelina Bello Segura recibió una pena de tres años con suspensión parcial tras un acuerdo de culpabilidad.

En tanto, el coronel Féliz Romero y otros cinco acusados fueron enviados a juicio de fondo, variándoles la prisión preventiva por una fianza de RD$500,000, impedimento de salida y presentación periódica, mientras la ONU y la justicia local buscan esclarecer la cadena completa de complicidad en el tráfico ilegal de municiones.