NY detecta a quienes han hecho trampa con el seguro de desempleo

Quienes durante los días más oscuros de la pandemia, e incluso este año, hicieron trampas y participaron en esquemas fraudulentos para cobrar miles de dólares en seguros de desempleo (Unemployment Insurance Benefits), deben tener en cuenta que tarde o temprano, el brazo de la justicia llegará hasta ellos. Y en el mejor de los escenarios se verán obligados a devolver el dinero colectado, a través de alguna forma irregular.

La gobernadora Kathy Hochul anunció esta semana acciones enérgicas contra el fraude del seguro de desempleo, después que una investigación del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (DOL) descubriera un gigantesco fraude de seguros que representó más de $11 millones en pagos de estos beneficios solamente en el mes de agosto.

El gobierno estatal anunció que buscará a toda costa el reembolso de los pagos de beneficios fraudulentos.

Con base a esta investigación, la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Trabajo está en camino de descubrir $110 millones en beneficios obtenidos de manera fraudulenta, solamente este año.

“En el punto más candente de la pandemia, cuando nuestro estado experimentó una crisis de desempleo sin precedentes, esta estafa al seguro de desempleo quitó recursos a los neoyorquinos que más los necesitaban”, dijo la mandataria estatal.

Nuevo sistema de detección de fraude.

El DOL identificó los pagos fraudulentos utilizando un sistema de detección de fraude actualizado. El proceso permite a los investigadores revisar los casos de manera más eficiente y agilizar las solicitudes de registros a los empleadores para confirmar las fechas de empleo. Si el sistema detecta un pago fraudulento, el reclamante tendrá la oportunidad de explicar la discrepancia.

Después de la revisión, si se determina que el reclamante trabajó mientras cobraba los beneficios, el DOL tomará medidas para garantizar que se devuelvan los pagos obtenidos de forma ilícita.

Esto incluye establecer planes de pago, embargar declaraciones de impuestos estatales y federales y remitir asuntos de falta de pago a las fuerzas del orden público estatales y/o federales, según sea necesario.

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