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NEW YORK

Nueva York limita cooperación con ICE y refuerza protección a inmigrantes con paquete de leyes

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EL CORREO. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó un amplio paquete legislativo como parte del presupuesto estatal 2026-2027 que busca reforzar la protección de los inmigrantes y redefinir la relación entre las autoridades estatales y los agentes federales de inmigración.

Las nuevas disposiciones limitan la colaboración de organismos locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), restringen el acceso de agentes migratorios a determinados espacios públicos sin orden judicial y amplían las garantías para estudiantes indocumentados en el sistema educativo estatal.

Hochul aseguró que las medidas responden al endurecimiento de las políticas migratorias federales y tienen como objetivo proteger derechos constitucionales sin interferir con investigaciones criminales autorizadas por la justicia.

"No se tolerarán abusos de poder del gobierno federal", afirmó la mandataria al presentar el plan.

Prohibida la colaboración migratoria local

Uno de los cambios más significativos es la prohibición de los acuerdos conocidos como 287(g), mediante los cuales departamentos policiales y centros penitenciarios colaboran con las autoridades federales en tareas de control migratorio civil.

La nueva legislación impide que gobiernos locales, policías y cárceles estatales o municipales utilicen personal, recursos o instalaciones para labores relacionadas con la aplicación de leyes migratorias civiles.

Además, limita la participación de entidades locales en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.

Restricciones para el acceso de ICE

La normativa establece que agentes migratorios no podrán ingresar a áreas privadas o restringidas de escuelas, hospitales, bibliotecas, parques, refugios, residencias estudiantiles, centros comunitarios y centros de votación administrados por el Estado o gobiernos locales sin una orden judicial.

Asimismo, instituciones privadas como escuelas, guarderías, hospitales y lugares de culto podrán adoptar restricciones similares para controlar el acceso de las autoridades migratorias.

Mayor protección para estudiantes inmigrantes

El paquete legislativo incorpora nuevas garantías para estudiantes indocumentados y limita el uso o divulgación de información relacionada con el estatus migratorio de los alumnos.

Las escuelas públicas y otras agencias estatales tendrán prohibido colaborar en investigaciones migratorias civiles o compartir información personal con ICE para esos fines, salvo que exista una obligación legal o una orden judicial.

También se prohíbe transferir estudiantes a custodia migratoria sin autorización judicial, incluso en situaciones donde uno de sus padres haya sido detenido.

Derecho a la educación sin importar el estatus migratorio

La legislación reafirma el derecho de todos los estudiantes a acceder gratuitamente a la educación pública, independientemente de su situación migratoria.

Además, limita prácticas que puedan desalentar la inscripción o asistencia escolar debido al temor a compartir información migratoria.

Nuevas reglas para agentes y demandas por derechos civiles

Entre las disposiciones más novedosas figura la prohibición del uso de mascarillas o cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales durante interacciones con el público, salvo excepciones médicas o tácticas específicas.

La ley también crea mecanismos que permitirán presentar demandas contra funcionarios federales, estatales y locales por presuntas violaciones de derechos constitucionales.

Las medidas han generado reacciones encontradas. Mientras organizaciones proinmigrantes consideran que representan un avance importante, sectores conservadores y algunos líderes republicanos sostienen que podrían generar conflictos legales con el gobierno federal y afectar la cooperación en materia migratoria.


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Hochul aseguró que las medidas responden al endurecimiento de las políticas migratorias federales y tienen como objetivo proteger derechos constitucionales sin interferir con investigaciones criminales autorizadas por la justicia.

"No se tolerarán abusos de poder del gobierno federal", afirmó la mandataria al presentar el plan.

Prohibida la colaboración migratoria local

Uno de los cambios más significativos es la prohibición de los acuerdos conocidos como 287(g), mediante los cuales departamentos policiales y centros penitenciarios colaboran con las autoridades federales en tareas de control migratorio civil.

La nueva legislación impide que gobiernos locales, policías y cárceles estatales o municipales utilicen personal, recursos o instalaciones para labores relacionadas con la aplicación de leyes migratorias civiles.

Además, limita la participación de entidades locales en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.

Restricciones para el acceso de ICE

La normativa establece que agentes migratorios no podrán ingresar a áreas privadas o restringidas de escuelas, hospitales, bibliotecas, parques, refugios, residencias estudiantiles, centros comunitarios y centros de votación administrados por el Estado o gobiernos locales sin una orden judicial.

Asimismo, instituciones privadas como escuelas, guarderías, hospitales y lugares de culto podrán adoptar restricciones similares para controlar el acceso de las autoridades migratorias.

Mayor protección para estudiantes inmigrantes

El paquete legislativo incorpora nuevas garantías para estudiantes indocumentados y limita el uso o divulgación de información relacionada con el estatus migratorio de los alumnos.

Las escuelas públicas y otras agencias estatales tendrán prohibido colaborar en investigaciones migratorias civiles o compartir información personal con ICE para esos fines, salvo que exista una obligación legal o una orden judicial.

También se prohíbe transferir estudiantes a custodia migratoria sin autorización judicial, incluso en situaciones donde uno de sus padres haya sido detenido.

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Las medidas han generado reacciones encontradas. Mientras organizaciones proinmigrantes consideran que representan un avance importante, sectores conservadores y algunos líderes republicanos sostienen que podrían generar conflictos legales con el gobierno federal y afectar la cooperación en materia migratoria.

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