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Nuevo conflicto en la Suprema: juez se opone a ser trasladado

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La carta fue notificada el presidente Luis Henry Molina y al Pleno de la alta corte

Un nuevo conflicto se estaría generando a lo interno del Poder Judicial, debido a la propuesta hecha por el presidente de ese órgano, Luis Henry Molina Peña, de hacer traslados entre jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De acuerdo a informaciones suministradas a Diario Libre, la intención es intercambiar puestos en la alta corte ya que, a partir de ahora, Nancy Salcedo, quien no ejercía funciones jurisdiccionales, debido a que era miembro del Consejo del Poder Judicial, comenzará a hacerlo luego de que el pasado sábado fue designado el magistrado Blas Fernández Gómez como el nuevo representante de los jueces de la Suprema en el Consejo.

El magistrado Moisés Ferrer remitió una carta al Pleno de la Suprema Corte planteando su tajante oposición a ser trasladado de la Tercera Sala (competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez, en materia de tierras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario) para lo cual fue electo por el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2017, afirmando que esto constituye una violación al principio de inamovilidad e independencia que la Constitución confiere a los jueces.

“Tratar de imponer un traslado forzoso de un juez de la Suprema Corte de Justicia pondría en tela de juicio la seguridad y estabilidad de los jueces del Poder Judicial”, refiere en la misiva enviada este martes a Molina Peña y los demás miembros del Pleno.

El presidente de la SCJ convocó a una sesión el próximo jueves 25 para conocer “la composición de las salas de la Suprema Corte de Justicia”.

De igual manera, circula una comunicación de Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente y presidente del Comité Electoral de los comicios en donde se eligió a Fernández como nuevo miembro, en el cual hace constar que la convocatoria hecha por el secretario de la Suprema y del Consejo Judicial, César García, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 del reglamento Electoral, que habla sobre los plazos para impugnación, protesta o reclamo.

“Sirva la presente para referirme a la preocupante e increíble situación generada por los aprestos de modificar la composición de las salas de esta Suprema Corte de Justicia, tal como usted anunciara en el pleno Num.6, celebrado el pasado viernes 19 de los corrientes, con lo cual se pretende disponer mi traslado hacia la sala penal (Segunda Sala), cuestión ésta que no cuenta con mi consentimiento y, por principio, considero inaceptable, pues crearía un funesto precedente en términos de independencia judicial y, sobretodo, del significado del principio de inamovilidad judicial”, dice Moisés Ferrer.

Consideró que la jueza Nancy Salcedo debe ir a llenar la vacante generada en la Primera Sala, donde se conoce la materia civil y comercial, a raíz de la salida del magistrado Blas Fernández e indicó que la prerrogativa que tiene el Pleno de la Suprema para trasladar a jueces, aunque no está expresamente establecido en la Ley 21-91, está dirigida a jueces de inferior jerarquía.


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La carta fue notificada el presidente Luis Henry Molina y al Pleno de la alta corte

Un nuevo conflicto se estaría generando a lo interno del Poder Judicial, debido a la propuesta hecha por el presidente de ese órgano, Luis Henry Molina Peña, de hacer traslados entre jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De acuerdo a informaciones suministradas a Diario Libre, la intención es intercambiar puestos en la alta corte ya que, a partir de ahora, Nancy Salcedo, quien no ejercía funciones jurisdiccionales, debido a que era miembro del Consejo del Poder Judicial, comenzará a hacerlo luego de que el pasado sábado fue designado el magistrado Blas Fernández Gómez como el nuevo representante de los jueces de la Suprema en el Consejo.

El magistrado Moisés Ferrer remitió una carta al Pleno de la Suprema Corte planteando su tajante oposición a ser trasladado de la Tercera Sala (competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez, en materia de tierras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario) para lo cual fue electo por el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2017, afirmando que esto constituye una violación al principio de inamovilidad e independencia que la Constitución confiere a los jueces.

“Tratar de imponer un traslado forzoso de un juez de la Suprema Corte de Justicia pondría en tela de juicio la seguridad y estabilidad de los jueces del Poder Judicial”, refiere en la misiva enviada este martes a Molina Peña y los demás miembros del Pleno.

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De igual manera, circula una comunicación de Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente y presidente del Comité Electoral de los comicios en donde se eligió a Fernández como nuevo miembro, en el cual hace constar que la convocatoria hecha por el secretario de la Suprema y del Consejo Judicial, César García, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 del reglamento Electoral, que habla sobre los plazos para impugnación, protesta o reclamo.

“Sirva la presente para referirme a la preocupante e increíble situación generada por los aprestos de modificar la composición de las salas de esta Suprema Corte de Justicia, tal como usted anunciara en el pleno Num.6, celebrado el pasado viernes 19 de los corrientes, con lo cual se pretende disponer mi traslado hacia la sala penal (Segunda Sala), cuestión ésta que no cuenta con mi consentimiento y, por principio, considero inaceptable, pues crearía un funesto precedente en términos de independencia judicial y, sobretodo, del significado del principio de inamovilidad judicial”, dice Moisés Ferrer.

Consideró que la jueza Nancy Salcedo debe ir a llenar la vacante generada en la Primera Sala, donde se conoce la materia civil y comercial, a raíz de la salida del magistrado Blas Fernández e indicó que la prerrogativa que tiene el Pleno de la Suprema para trasladar a jueces, aunque no está expresamente establecido en la Ley 21-91, está dirigida a jueces de inferior jerarquía.

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