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Participación Ciudadana está preocupada por transfuguismo

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Participación Ciudadana (PC) consideró necesario establecer controles que erradiquen la práctica clientelar que ha impulsado el transfuguismo.

La encargada de la unidad de análisis de partidos políticos y miembro del consejo directivo de PC, Leidy Blanco, mostró preocupación por el impacto en los partidos políticos y en la democracia y dijo que es preocupante cómo esa práctica se ha normalizado.

“El transfuguismo es un fenómeno que afecta gravemente al sistema de partidos y a la democracia, vulnera la estabilidad democrática en la medida en que lacera la vida partidaria. Nos causa preocupación cómo se ha normalizado esta práctica, como si fuera otro proceso natural en los procesos electorales”, apuntó.

Sugirió que para el tipo de transfuguismo que no está contemplado en la ley se incluyan medidas tendientes a erradicar la normalización del clientelismo.

“Existe otro tipo de transfugismo que no está normado, ni tipificado como un delito electoral. Es necesario establecer un mecanismo que permita sacar de raíz esa normalización clientelar, sin violentar derechos fundamentales constitucionales como el de elegir y ser elegido”, expresó Blanco.

Igualmente, abogó por una reflexión a lo interno de los partidos porque se ha perdido la ideología y la lealtad partidaria y se ha transformado en una ideología clientelista-oportunista.

“Esto mucho se debe a que los actores políticos perciben a los partidos como empresas privadas, no como organizaciones de servicio público, para servir y generar oportunidades colectivas; esa transformación ha permitido que el clientelismo y el individualismo salvaje calen en el comportamiento cotidiano partidario”, expuso.

A propósito de las renuncias de dirigentes de los partidos de oposición para ir al partido de gobierno, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), advirtieron sobre las graves consecuencias de esta práctica en la participación de la ciudadanía en la vida democrática.

La Finjus llamó a la sociedad dominicana a “redoblar su capacidad de vigilancia activa de cualquier manifestación, acto o actitud que conlleve un menoscabo a la transparencia del proceso democrático y que, a su vez, implique la creación de percepciones erradas que pongan en riesgo la estabilidad y credibilidad del sistema de partidos, la gobernabilidad y la cultura política democrática”.

El presidente del Codue, Feliciano Lacen, calificó como altamente preocupante que muchos dirigentes políticos estén un día en un partido, y al siguiente estén en otro. Al calificar la práctica como falta de principios, indicó que les resta credibilidad en la militancia partidaria, porque desde su óptica, “nadie cree en personas que en un momento determinado critican y denigran a una organización, y luego pasan a formar parte de las filas del que ayer cuestionaban”.

Los partidos de oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han denunciado que las renuncias constantes de dirigentes, incluso luego de ser electos en la boleta, se debe a que supuestamente el Gobierno los compra.


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La encargada de la unidad de análisis de partidos políticos y miembro del consejo directivo de PC, Leidy Blanco, mostró preocupación por el impacto en los partidos políticos y en la democracia y dijo que es preocupante cómo esa práctica se ha normalizado.

“El transfuguismo es un fenómeno que afecta gravemente al sistema de partidos y a la democracia, vulnera la estabilidad democrática en la medida en que lacera la vida partidaria. Nos causa preocupación cómo se ha normalizado esta práctica, como si fuera otro proceso natural en los procesos electorales”, apuntó.

Sugirió que para el tipo de transfuguismo que no está contemplado en la ley se incluyan medidas tendientes a erradicar la normalización del clientelismo.

“Existe otro tipo de transfugismo que no está normado, ni tipificado como un delito electoral. Es necesario establecer un mecanismo que permita sacar de raíz esa normalización clientelar, sin violentar derechos fundamentales constitucionales como el de elegir y ser elegido”, expresó Blanco.

Igualmente, abogó por una reflexión a lo interno de los partidos porque se ha perdido la ideología y la lealtad partidaria y se ha transformado en una ideología clientelista-oportunista.

“Esto mucho se debe a que los actores políticos perciben a los partidos como empresas privadas, no como organizaciones de servicio público, para servir y generar oportunidades colectivas; esa transformación ha permitido que el clientelismo y el individualismo salvaje calen en el comportamiento cotidiano partidario”, expuso.

A propósito de las renuncias de dirigentes de los partidos de oposición para ir al partido de gobierno, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), advirtieron sobre las graves consecuencias de esta práctica en la participación de la ciudadanía en la vida democrática.

La Finjus llamó a la sociedad dominicana a “redoblar su capacidad de vigilancia activa de cualquier manifestación, acto o actitud que conlleve un menoscabo a la transparencia del proceso democrático y que, a su vez, implique la creación de percepciones erradas que pongan en riesgo la estabilidad y credibilidad del sistema de partidos, la gobernabilidad y la cultura política democrática”.

El presidente del Codue, Feliciano Lacen, calificó como altamente preocupante que muchos dirigentes políticos estén un día en un partido, y al siguiente estén en otro. Al calificar la práctica como falta de principios, indicó que les resta credibilidad en la militancia partidaria, porque desde su óptica, “nadie cree en personas que en un momento determinado critican y denigran a una organización, y luego pasan a formar parte de las filas del que ayer cuestionaban”.

Los partidos de oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han denunciado que las renuncias constantes de dirigentes, incluso luego de ser electos en la boleta, se debe a que supuestamente el Gobierno los compra.

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