¿Plomo o procedimiento? Aumentan las muertes en presuntos intercambios con la Policía en 2026

Las muertes de presuntos delincuentes en intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional continúan en aumento durante 2026. En el primer semestre del año se registraron 146 fallecidos, un 16.4 % más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con estadísticas oficiales y reportes de la institución.

Inicialmente, los informes de criminalidad actualizados hasta el 26 de junio contabilizaban 142 fallecidos bajo la categoría de "acción legal". Sin embargo, la cifra aumentó a 146 tras la muerte de cuatro presuntos integrantes de la banda "Los Chucky de Los Frailes", quienes, según la versión oficial, fallecieron durante un enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mientras se ejecutaban órdenes de arresto.

Las estadísticas muestran una tendencia ascendente durante el año. En enero se registraron 19 muertes, en febrero 17, en marzo 21, en abril 25 y en mayo 35, convirtiéndose este último en el mes con mayor cantidad de casos.

Hasta el 11 de mayo las autoridades habían reportado 93 fallecidos en estas circunstancias, pero en apenas seis semanas la cifra aumentó a 142, reflejando un incremento de 49 casos.

El aumento de estos hechos ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales y denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Uno de los casos más comentados ocurrió en La Vega, donde un video difundido en redes sociales muestra a agentes disparando contra un hombre que aparentemente tenía las manos levantadas. Otro audiovisual, divulgado en abril, captó a un policía disparando contra un ciudadano haitiano que era buscado por la justicia, reavivando el debate sobre la actuación policial.

Al ser consultada sobre estos casos, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señaló que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades y llamó a respetar el debido proceso durante las investigaciones.

Las autoridades sostienen que cada caso debe ser investigado de manera individual para establecer si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos y a la ley.