El Cibao
¿Prisión preventiva o libertad? Tribunal decidirá el futuro de los implicados en la Operación XL526

Santiago, República Dominicana. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para este viernes a las 2:00 de la tarde la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los involucrados en la denominada Operación XL526.
El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para los procesados, quienes son investigados por su presunta vinculación a una estructura que habría operado desde Santiago y que supuestamente realizaba actividades fraudulentas dirigidas a ciudadanos dominicanos residentes en Estados Unidos.
Defensa cuestiona las evidencias
Durante la audiencia, abogados de la defensa argumentaron que las pruebas presentadas por el órgano acusador no serían suficientes para justificar una medida de privación de libertad.
El jurista Elvin Domínguez sostuvo que los elementos aportados carecen de vínculos directos entre los acusados y los hechos investigados, señalando además que no se han presentado víctimas identificadas que permitan establecer responsabilidades individuales.
De igual forma, el abogado José Reynoso consideró que la acusación presenta debilidades que deberán ser valoradas por el tribunal antes de adoptar cualquier decisión.
Investigación continúa
De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, la presunta organización tendría una base operativa en el distrito municipal de Jacagua, en Santiago, desde donde supuestamente se realizaban contactos y operaciones mediante herramientas tecnológicas.
Las autoridades investigan si los involucrados utilizaron diversos mecanismos financieros para movilizar fondos obtenidos de manera ilícita, incluyendo transferencias electrónicas y activos digitales.
Expectativa por decisión judicial
La decisión que adopte el tribunal este viernes será clave para determinar el curso inicial del proceso judicial, mientras continúan las investigaciones y se evalúan las pruebas presentadas por ambas partes.
Los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva emitida por los tribunales competentes.