La posesión y el porte de armas de fuego en la región norte ha registrado un aumento sin precedente, a juzgar por el incremento de la emisión de permisos en los primeros cinco meses del año en curso, en relación con el mismo periodo del año anterior, según la información proporcionada por el Ministerio de Interior y Policía.

Los datos indican que la entidad emitió 8,095 licencias de armas en el periodo de enero a mayo, lo que representa, según ellos, un aumento significativo en la emisión de permisos, de acuerdo con la Dirección Regional Norte del Ministerio.

Las autoridades informan que la cifra de usuarios asistidos se elevó a 10,346, lo que representa un aumento del 660% en comparación con los 1,566 usuarios atendidos durante el mismo periodo del año 2023.

El incremento en la emisión de licencias de armas de fuego coincide con el periodo en que la República Dominicana experimenta la tasa más alta de mortalidad por armas de fuego, constituyendo el 54% del total de muertes en 2023, la cifra más alta en los últimos cinco años, de acuerdo con los indicadores de la Policía Nacional.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Interior y Policía en Santiago consideran como un éxito la gran cantidad de personas que han adquirido licencias para portar y poseer armas de fuego, ya que el índice de criminalidad nacional se mantiene en un 11.6% por cada 100, 000 habitantes.

En 2021, el presidente Luis Abinader anunció un plan para desarmar a la población a partir del 6 de abril de ese año, implementando un programa de recompra de armas ilegales en posesión de civiles, con el objetivo de reducir los homicidios y la violencia, pero la iniciativa no prosperó de acuerdo a los resultados.

En una encuesta de opiniones sobre la tasa de criminalidad en Santiago de los Caballeros, realizada por NUMBEO (una base de datos en línea), el 73.37% de los consultados consideraron que es alta, mientras que el 72.18% estimó que ha habido un incremento en la criminalidad. Los datos corresponden a noviembre de 2023.

Es importante señalar que, desde 2006, durante el mandato del expresidente Leonel Fernández, se promulgó el decreto 309-06, el cual prohíbe la importación de cualquier tipo de armas de fuego, partes y municiones con propósitos comerciales.

No obstante, según las autoridades, en los primeros cinco meses de este año se concedieron 8,095 licencias para la posesión y tenencia de armas, cuyo origen no ha sido divulgado por la Dirección Regional de Santiago del Ministerio de Interior y Policía.

El año pasado, el mandatario Luis Abinader autorizó la importación de armas de fuego y municiones con fines comerciales por un periodo de seis meses a través del decreto 30-30, pero sólo para las compañías que ofrecen servicios de seguridad privada.

El Ministerio de Interior tiene prohibida la emisión de licencias para armas importadas anterior al decreto de 2006; empero , se ha denunciado, en su momento, que la entidad ha concedido permisos bajo esas condiciones a personas relacionadas con el poder político o militar, pese a la prohibición.

La prohibición de estos dispositivos letales ha dado lugar a un tráfico ilegal de armas de diversos tipos y calibres. Solo en 2022, la Dirección General de Aduanas junto con las Fuerzas Armadas incautaron 401,117 unidades, incluyendo armas y municiones, en los primeros ocho meses del año.

Entre 2018 y 2023, las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República confiscaron 9,915 armas de fuego ilegales, la mayoría de las cuales fueron introducidas al país de manera clandestina, dicen informes oficiales.

Las incautaciones de armas de fuego han aumentado exponencialmente, pasando de 700 en 2018 a más de 3 mil en 2023. Según la información proporcionada por las autoridades policiales, la mayoría de estas armas se utilizan para cometer delitos.

Recientemente, el Ministerio de Interior y Policía ha concedido una gracia administrativa para que las personas con licencia vencidas para el porte y tenencia de armas de fuego pueden regularizar su situación pagando entre el 20% y el 30% del total la deuda acumulada.

Sin embargo, aumenta la solicitud de organizaciones civiles para que el gobierno implemente un desarme general de la población civil, con el fin de frenar la violencia y las muertes causadas por armas de fuego.

Entre las entidades que abogan por el desarme, se resalta la Inglesa Católica que sostiene que el uso irresponsable de armas resulta en una secuela de víctimas mortales en la sociedad, lo que conlleva a familias de luto y a un aumento en el número de niños huérfanos