Digan lo que digan, el pueblo es el que paga los impuestos

Por Pedro Cruz.

En una jornada que como bien lo plantean algunos medios, con el refrán popular «friendo y comiendo», el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, apenas horas después de su aprobación en el Congreso Nacional. Bajo el rimbombante título de «Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Tributaria y Mitigación de la Crisis Internacional«, el Gobierno intenta vendernos un escudo protector contra la incertidumbre global. Sin embargo, al desglosar los números y las medidas, queda claro que, digan lo que digan, los RD$50,000 millones adicionales que el Estado pretende recaudar saldrán, inevitablemente, de los bolsillos de quienes dinamizan la economía.

El discurso oficial se centra en la equidad y progresividad, señalando que más del 90% de la recaudación provendrá de los sectores más acaudalados. Es cierto que se ha establecido una sobretasa temporal del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial, elevándolo del 27% al 30% para compañías con ingresos superiores a los RD$1,000 millones anuales. Pero en economía no hay almuerzo gratis: cualquier analista sabe que un aumento en la carga tributaria corporativa suele trasladarse, vía precios, al consumidor final o se traduce en una menor capacidad de reinversión y generación de empleos formales, una preocupación ya externada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Además de las grandes empresas, la ley lanza una red sobre la economía digital, aplicando una retención del 15% a servicios como software, publicidad y almacenamiento de datos contratados en el exterior. En un mundo cada vez más interconectado, este gravamen no es solo un impuesto a la tecnología, es un costo adicional para cada profesional independiente o pequeña empresa que utiliza herramientas digitales para competir. A esto debemos sumar el incremento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, que sube del 1.5 al 2 por mil. Aunque parezca una fracción mínima, en el agregado de millones de transacciones, representa una extracción directa de liquidez del sistema financiero que afecta a todos los usuarios.

El Gobierno ha intentado endulzar la píldora con alivios significativos, y es justo reconocerlos. La actualización del mínimo exento del ISR para personas físicas, que ahora permitirá que los salarios de hasta RD$40,000 mensuales queden libres de este tributo, es un respiro necesario para la clase trabajadora. Asimismo, la eliminación total de los anticipos para las microempresas y la reducción de pagos para las pequeñas empresas corrigen una distorsión histórica que asfixiaba el flujo de caja de los emprendedores. Estas medidas, junto a la amnistía fiscal vigente hasta diciembre de 2026, buscan sin duda simplificar el sistema y fomentar la formalización.

Sin embargo, estos beneficios parecen ser el gancho para justificar un paquete que también incluye aumentos en la tasa de salida aérea a US$30 por pasajero y un impuesto del 55% a los vapeadores, bajo el pretexto de salud pública y control fronterizo. Lo que se nos presenta como una «reforma pro-crecimiento» es, en esencia, una medida de urgencia para financiar el gasto público ante un escenario de deudas y presiones internacionales.

La gran deuda pendiente de esta reforma, como señala el CONEP, es la eficiencia del gasto público. De nada sirve extraer miles de millones de la economía privada si el Estado no garantiza que cada peso recaudado se traduzca en mejores servicios y no se pierda en la ineficiencia estructural. Sectores académicos ya advierten que estas medidas son meros parches que no tocan las raíces del problema fiscal dominicano.

La Ley 30-26 es un recordatorio de que la estabilidad macroeconómica tiene un precio alto. Mientras el Gobierno celebra la captación de nuevos recursos para obras públicas y programas sociales, la realidad es que el costo de la vida y de hacer negocios en la República Dominicana acaba de subir un escalón más. Podemos aceptar la necesidad de proteger las finanzas ante crisis externas, pero no debemos olvidar que el peso de ese escudo lo cargamos nosotros, los contribuyentes.

Al final, no importa cuántas facilidades se den a las MiPymes o cuántas exenciones se anuncien: la economía es un sistema de vasos comunicantes y RD$50,000 millones menos en el sector privado son RD$50,000 millones menos para el consumo, la inversión y el ahorro de la gente.