EL PAIS
El Tribunal Constitucional (TC) condenó a la Junta Central Electoral (JCE) a pagar 2,886,000 pesos a Esthefpanie Casado Díaz, al considerar que la institución incumplió una sentencia de amparo que le ordenaba expedir el acta de nacimiento de la ciudadana y sus dos hijas. La suma corresponde a una astreinte de 2,000 pesos diarios acumulada durante 1,443 días. El período fue calculado desde el 24 de febrero de 2021, cuando la sentencia de amparo fue notificada a la JCE, hasta el 6 de febrero de 2025, fecha en que fue depositado el recurso de revisión. La astreinte es una sanción económica impuesta para obligar a cumplir la decisión judicial. La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Azua acogió parcialmente la acción de amparo el 8 de febrero de 2021 y ordenó a la JCE expedir los documentos, además de fijar la sanción diaria. La JCE emitió las actas, pero les colocó la observación: "autorizada a expedir única y exclusivamente para fines judiciales". Casado Díaz alegó que esa leyenda mantenía la restricción y le impedía utilizar los documentos para los trámites normales de su vida pública y privada.
El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que condena a la Junta Central Electoral (JCE) al pago de 2,886,000 pesos en favor de Esthefpanie Casado Díaz, tras comprobar que la institución desacató un mandato judicial de amparo relacionado con la entrega de actas de nacimiento. La sanción económica responde a una astreinte acumulada de 2,000 pesos diarios durante 1,443 días, calculados desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 6 de febrero de 2025, período en el cual la ciudadana y sus dos hijas sufrieron trabas para acceder a sus documentos de identidad plenos.
El conflicto legal se originó cuando el Juzgado de Primera Instancia de Azua ordenó a la JCE expedir los documentos en febrero de 2021. Aunque la institución cumplió parcialmente con la entrega, condicionó las actas con la observación restrictiva de ser "autorizada a expedir única y exclusivamente para fines judiciales", una leyenda que, según la denunciante, perpetuaba la vulneración de sus derechos fundamentales al impedirle realizar trámites cotidianos en su vida pública y privada.
