“¿Intercambios de disparos o ‘acciones legales’? Reinoso cuestiona cifras y discurso oficial sobre la seguridad en RD”

La especialista advierte sobre el aumento de los casos, cuestiona el cambio de denominación y señala deficiencias en destacamentos policiales y en la recopilación de estadísticas de criminalidad.

Durante una entrevista en el programa Esto No Tiene Nombre, la especialista Reinoso cuestionó la evolución de los llamados “intercambios de disparos” en República Dominicana y planteó la necesidad de contrastar estas cifras con el discurso oficial sobre la reducción de la delincuencia y la criminalidad.

Según los datos expuestos por Reinoso, en 2020 se registraron 84 casos, mientras que en 2022 la cifra habría aumentado a 139.

La especialista señaló además que en 2024 se produjeron 226 intercambios de disparos, mientras que en 2025 se contabilizaron 214. Para 2026, indicó que hasta septiembre ya se habían registrado 196 casos.

Reinoso consideró que la evolución de estas cifras debe analizarse conjuntamente con las políticas de seguridad implementadas por las autoridades y con el discurso oficial que sostiene que los principales indicadores de delincuencia han mejorado.

En ese contexto, cuestionó que mientras las autoridades destacan avances en materia de seguridad, paralelamente se impulse una estrategia que, según planteó, se apoya en una política de “mano dura”.

¿“Intercambios de disparos” o “acciones legales”?

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Reinoso está relacionado con el cambio de denominación utilizado durante la actual gestión para referirse a estos hechos.

La especialista señaló que los llamados “intercambios de disparos” han pasado a denominarse “acciones legales”.

A su juicio, modificar la terminología no elimina la necesidad de investigar las circunstancias en que ocurren las muertes durante actuaciones policiales y determinar si en cada caso fueron respetadas las garantías establecidas por la Constitución y las leyes.

Reinoso también recordó el principio de presunción de inocencia, según el cual toda persona debe ser considerada inocente hasta que un tribunal determine su responsabilidad.

Por esa razón, cuestionó que las muertes ocurridas durante operativos policiales puedan ser interpretadas automáticamente como un indicador de éxito en la lucha contra el crimen, sin un análisis individual de las circunstancias de cada intervención.

Las cifras y las condiciones de la Policía Nacional

El debate sobre los intercambios de disparos, según Reinoso, debe analizarse además en función de las condiciones en que opera la Policía Nacional.

La especialista citó un informe según el cual el 86 % de los destacamentos policiales no habría sido remodelado, pese al proceso de reforma y modernización de la institución.

Asimismo, afirmó que más del 75 % de los destacamentos no dispone de computadoras ni impresoras para recibir denuncias.

También cuestionó la disponibilidad de cámaras de videovigilancia en las dependencias policiales, pese a anuncios realizados anteriormente sobre el fortalecimiento tecnológico de la institución.

Para Reinoso, estas deficiencias no solo afectan las condiciones de trabajo de los agentes policiales, sino también a los ciudadanos que necesitan acudir a un destacamento para presentar una denuncia o solicitar asistencia.

Reinoso cuestiona la forma de medir la criminalidad

La especialista también puso en duda la posibilidad de comparar directamente las cifras de criminalidad correspondientes a diferentes años cuando han cambiado las herramientas y metodologías utilizadas para recopilar los datos.

Según su planteamiento, la falta de información completa, uniforme y consistente puede dificultar la evaluación de las políticas públicas de seguridad y la elaboración de estrategias basadas en evidencia.

El debate, por tanto, no debería limitarse al número de personas fallecidas durante actuaciones policiales, sino incorporar otros elementos como la prevención del delito, la capacidad institucional, las condiciones de los destacamentos, el registro y seguimiento de las denuncias, la supervisión de las actuaciones policiales y el respeto al debido proceso.

Un debate que trasciende las estadísticas

Las cifras presentadas por Reinoso abren un debate sobre la manera en que el Estado mide y comunica los resultados de sus políticas de seguridad.

Más allá de la denominación utilizada para describir las actuaciones policiales, el punto central es determinar qué ocurrió en cada caso, bajo qué circunstancias se produjo una muerte, cuáles fueron los protocolos aplicados y si existieron mecanismos adecuados de investigación y supervisión.

La discusión sobre seguridad ciudadana, de acuerdo con el planteamiento de la especialista, requiere combinar la persecución del delito con prevención, fortalecimiento institucional, mejores sistemas de información y garantías para los ciudadanos.

El desafío, en definitiva, no consiste únicamente en reducir las cifras de criminalidad, sino también en garantizar que las instituciones encargadas de combatirla actúen dentro del marco constitucional y legal