¡Donde está el chimi hay fiesta, pero ¿dónde está la cuenta?! El misterio de los millones del Carnaval de Santiago

El Carnaval de Santiago, una de las manifestaciones culturales más representativas de la identidad popular dominicana, se encuentra ante un debate que trasciende los desfiles, las comparsas, los lechones y los espectáculos artísticos: la transparencia de los recursos públicos, la comercialización de la fiesta, la participación de los auténticos protagonistas y el modelo de dirección escogido por la administración municipal del alcalde Ulises Rodríguez.

Las ediciones de 2025 y 2026 dejaron una serie de interrogantes que merecen respuestas documentadas. ¿Cuánto dinero se invirtió realmente en cada carnaval? ¿Cuánto se recaudó mediante patrocinio, publicidad y comercialización? ¿Qué resultados económicos produjo el evento? ¿Por qué no se ha presentado públicamente un balance financiero consolidado que permita comparar los ingresos con los gastos definitivos?

A estas preguntas se suma otra controversia: el cuestionamiento sobre la designación de la dirección ejecutiva, la experiencia de sus responsables, la ausencia de un comité organizador representativo y el papel que deben desempeñar el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura, las federaciones y los grupos carnavalescos.

El propósito de esta investigación es colocar esas interrogantes en el centro del debate público y reclamar respuestas verificables.

Cuando una administración municipal decide asumir un papel central en la organización de una celebración popular y compromete recursos públicos, también asume una responsabilidad frente a los contribuyentes.

En febrero de 2025, el periódico Diario Libre informó que la inversión estimada para el montaje del carnaval oscilaba entre RD$40 millones y RD$42 millones. La Alcaldía planteó entonces una estrategia de relanzamiento, con cambios en la ubicación del evento y objetivos de innovación, fortalecimiento cultural y proyección internacional.

La cifra anunciada constituye una referencia importante, pero no debe confundirse con el gasto final auditado de la actividad.

La pregunta que debe responder el alcalde Ulises Rodríguez es concreta: ¿cuál fue el monto definitivo ejecutado y cómo se distribuyeron los recursos? La ciudadanía necesita conocer el presupuesto inicial, los contratos con proveedores, los pagos a producción, las asignaciones a los grupos y los ingresos comerciales.

No basta con informar que se celebró un festival exitoso. La rendición de cuentas debe demostrar cuánto se presupuestó, cuánto se gastó y qué resultados se obtuvieron. ¿Dónde puede consultar la ciudadanía el balance financiero integral de 2025 y 2026?

Uno de los aspectos que requiere mayor esclarecimiento es la explotación comercial de una fiesta que convoca a miles de ciudadanos, empresas y patrocinadores.

El carnaval representa una oportunidad para promover marcas, vender espacios publicitarios y dinamizar la economía local. Por eso, la comercialización debe formar parte de la evaluación financiera.

En la edición de 2026, la Alcaldía anunció el respaldo de Cerveza Presidente como patrocinador oficial. Sin embargo, con la información pública examinada no ha sido posible establecer el valor total del acuerdo ni determinar cuánto aportaron, en conjunto, los patrocinadores. Tampoco existe un balance consolidado de las recaudaciones por casetas, módulos comerciales y derechos de exclusividad.

Estas preguntas no constituyen una acusación de irregularidad, sino asuntos legítimos de interés público que deben aclararse mediante contratos y registros contables. Si la comercialización generó ingresos significativos, la ciudadanía debe conocerlos; si no produjo los resultados esperados, también debe explicarse por qué.

En 2025 se difundió una estimación de inversión de hasta RD$42 millones para el montaje general, mientras que en enero de 2026, la Alcaldía informó que había previsto una asignación de RD$6.8 millones para las agrupaciones participantes, realizando un primer pago de RD$2,337,500.

Dado que estas cantidades corresponden a conceptos diferentes, no es correcto compararlas directamente como el costo total de cada año. Precisamente por eso se necesita un informe financiero detallado que desglose cada partida.

El Ayuntamiento debe precisar cuánto se destinó al montaje general en 2026, los pagos por artistas, tarimas, luces, seguridad y logística, y la forma en que se distribuyeron los fondos entre los lechones y comparsas. La información debería publicarse en un cuadro comparativo para evaluar si el modelo fue financieramente eficiente.

La controversia no se limita al dinero. También alcanza el modelo de dirección de una manifestación cultural ligada a sus artesanos, lechones, comparsas y gestores tradicionales.

Entre los cuestionamientos figura la preocupación por la designación de una dirección ejecutiva sin suficiente conocimiento de las particularidades históricas de la celebración. Dirigir un carnaval exige conocer la historia de los personajes, el trabajo de los artesanos y las dinámicas de los barrios, más allá de contratar espectáculos o tarimas.

Cuando los protagonistas sienten que sus conocimientos no se toman en cuenta, surgen tensiones que afectan la confianza comunitaria. Por ello, la Alcaldía debe explicar si el modelo de dirección garantiza experiencia pertinente, diálogo y representatividad.

Otro punto que debe aclararse es la denuncia sobre la falta de un comité organizador representativo que incluya a las federaciones de lechones, fabricantes de caretas, gestores culturales, el Ministerio de Cultura y las organizaciones comunitarias.

Un comité estructurado sirve para distribuir responsabilidades, redactar reglamentos, prevenir conflictos y asegurar que las decisiones no dependan de una sola oficina. La organización del carnaval requiere coordinación institucional, pero también legitimidad cultural.

La discusión sobre las competencias institucionales debe apoyarse en el marco legal. La Ley núm. 1-12, que declara el Carnaval de Santiago Patrimonio Folclórico de la Nación, establece que el Estado debe proteger y promover esta fiesta mediante la acción conjunta del Ministerio de Cultura, el gobierno local y la Corporación Carnavalesca de Santiago.

Por tanto, el Ayuntamiento no carece de atribuciones, pero la legislación exige coordinación institucional y la participación activa de la comunidad. Cabe preguntar: ¿qué acuerdos formales se firmaron entre estas entidades y qué mecanismos de fiscalización se adoptaron para proteger el patrimonio cultural?

Las instituciones públicas tienen la función de financiar, promover y dar seguridad, pero la intervención institucional no debe desplazar a los creadores de la tradición. El gran reto es equilibrar la administración de recursos, el desarrollo comercial y la protección de la identidad carnavalesca.

El alcalde Ulises Rodríguez tiene la oportunidad de despejar las dudas mediante la publicación de los informes de ejecución presupuestaria, los contratos de patrocinio y la lista de pagos a los participantes.

Santiago merece un carnaval capaz de crecer, atraer inversiones y proyectar su identidad sin perder el vínculo con sus raíces. La respuesta definitiva debe estar en los documentos oficiales y los resultados.