¡Ecocidio oficial! Impune tala de árboles en obras del Estado desata indignación y enciende las alarmas en RD

Una escandalosa ola de tala indiscriminada de árboles en espacios públicos de la República Dominicana ha reabierto un feroz e indignado debate nacional sobre la impunidad, la ausencia de permisos ambientales y la flagrante complicidad de instituciones del propio Estado. El hecho más reciente aconteció en Baní, provincia Peravia, donde robles y mangueros centenarios que cubrían la Gobernación Provincial y el Hospital Nuestra Señora de Regla fueron brutalmente moliendas con sierras eléctricas bajo el pretexto de una remodelación de RD$57.5 millones, calificada frívolamente por la vocería oficial como un «mal necesario», sin contar con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente ni del Ayuntamiento de Baní.

Esta barbarie ambiental no representa un hecho aislado, sino una sistemática depredación urbana documentada desde el año 2022. Casos emblemáticos como la tala injustificada de 330 árboles en Pantoja por un exdirector municipal, la amputación salvaje de 17 árboles en el Parque Mirador Sur para favorecer la vista al mar de una torre privada, la masacre de 300 especies en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte por obras del Mived, y la destrucción del Cinturón Verde de Santo Domingo por megaproyectos inmobiliarios en Cuesta Brava, demuestran que las leyes ecológicas están siendo pisoteadas sin ningún tipo de consecuencia penal o judicial para los verdaderos culpables.

Ni siquiera el reciente Decreto 615-26 promulgado por el presidente Luis Abinader, el cual declara de alto interés y prioridad de seguridad nacional el combate contra el «terrorismo medioambiental», ha logrado frenar las motosierras en el país. Especialistas y comunitarios advierten que esta aberrante eliminación del arbolado dispara gravemente el fenómeno de las islas de calor urbano, destruye el confort térmico y vulnera la salud de miles de peatones, mientras la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente (Proedema) y el ministro Armando Paíno Henríquez continúan bajo el severo escrutinio público por la falta de sanciones contundentes.