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Conozca el problema que tiene a Jean Alain a las puertas de ir ante un juez

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El Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario tiene al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez al borde de un juzgado, ya que según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se cometieron una serie de irregularidades en los procesos de compras en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020).

El Pepca señala que el imputado Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como el responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo”.

“Estas situaciones se presentaban en procesos como los relativos al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el cual las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas”, refiere el documento de solicitud de allanamiento realizada por el Pepca. .

Las investigadores han señalado que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles” mientras que Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.

Los fiscales tienen la tesis de que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario habría obtenido beneficios por la parte de la construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.

A Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se les señala que se beneficiaron a través de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.

Como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha ayer, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó a Miguel José de Moya, exasesor de Rodríguez y  a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.

La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.

Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Los imputados arrestados fueron trasladados en la madrugada de este martes a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.


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El Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario tiene al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez al borde de un juzgado, ya que según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se cometieron una serie de irregularidades en los procesos de compras en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020).

El Pepca señala que el imputado Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como el responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo”.

“Estas situaciones se presentaban en procesos como los relativos al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el cual las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas”, refiere el documento de solicitud de allanamiento realizada por el Pepca. .

Las investigadores han señalado que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles” mientras que Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.

Los fiscales tienen la tesis de que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario habría obtenido beneficios por la parte de la construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.

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Como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha ayer, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó a Miguel José de Moya, exasesor de Rodríguez y  a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.

La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.

Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Los imputados arrestados fueron trasladados en la madrugada de este martes a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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