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El Cibao

Parceleros denuncian invasión de tierras por parte del Ministerio de Obras Públicas en construcción de circunvalación Navarrete-Linea Noroeste

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EL CORREO.-Navarrete, Santiago, RD. — Un grupo de agricultores y parceleros de la zona de Navarrete alzó su voz de protesta este jueves ante lo que califican como una flagrante violación a su derecho de propiedad, luego de que brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) penetraran, sin autorización ni previo aviso, a sus terrenos para continuar con los trabajos de construcción de la nueva circunvalación de Navarrete-linea noroeste.

Según denuncian los afectados, los equipos pesados del estado han ingresado abruptamente a sus conucos y propiedades agrícolas, destruyendo cultivos, frutales y estructuras productivas sin ningún tipo de notificación, compensación o acuerdo formal. Muchos de ellos aseguran que no han recibido explicación alguna por parte de las autoridades y que, hasta la fecha, no se les ha ofrecido un proceso de negociación justo ni se les ha propuesto una indemnización acorde al valor real de sus tierras y cultivos.

“Están entrando como si fueran dueños, tumbando matas, rompiendo alambradas, y acabando con todo lo que uno ha sembrado durante años. Esa es nuestra única fuente de sustento y la de nuestras familias”, expresó con evidente indignación uno de los agricultores afectados.

Los parceleros han solicitado la intervención directa del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella, para que se detenga lo que consideran un atropello y se proceda al pago justo de sus terrenos y frutos.

Además, denunciaron con preocupación que varios de los afectados son parceleros asentados legalmente por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), quienes llevan décadas ocupando y trabajando esas tierras. No obstante, se les ha informado informalmente que no recibirán compensación alguna por la expropiación, bajo el alegato de que no tienen títulos definitivos, a pesar de contar con documentos de asignación emitidos por el propio Estado.

“Esto no es solo una violación a nuestros derechos, es un abuso. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, ya contratamos abogados para demandar al Estado dominicano y al Ministerio de Obras Públicas por violar el derecho de propiedad consagrado en la Constitución”, señalaron.

Los afectados también advirtieron que esta situación podría generar un conflicto social innecesario en la zona, si las autoridades no detienen las expropiaciones arbitrarias y no se sientan a dialogar con los parceleros afectados.

“Queremos desarrollo, pero no a costa de los más pobres”, concluyeron.

Hasta el momento, ni el MOPC ni el IAD han ofrecido declaraciones públicas sobre estas denuncias. La comunidad espera respuestas inmediatas y soluciones justas que no sacrifiquen el sustento de decenas de familias humildes en nombre del progreso.


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Según denuncian los afectados, los equipos pesados del estado han ingresado abruptamente a sus conucos y propiedades agrícolas, destruyendo cultivos, frutales y estructuras productivas sin ningún tipo de notificación, compensación o acuerdo formal. Muchos de ellos aseguran que no han recibido explicación alguna por parte de las autoridades y que, hasta la fecha, no se les ha ofrecido un proceso de negociación justo ni se les ha propuesto una indemnización acorde al valor real de sus tierras y cultivos.

“Están entrando como si fueran dueños, tumbando matas, rompiendo alambradas, y acabando con todo lo que uno ha sembrado durante años. Esa es nuestra única fuente de sustento y la de nuestras familias”, expresó con evidente indignación uno de los agricultores afectados.

Los parceleros han solicitado la intervención directa del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella, para que se detenga lo que consideran un atropello y se proceda al pago justo de sus terrenos y frutos.

Además, denunciaron con preocupación que varios de los afectados son parceleros asentados legalmente por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), quienes llevan décadas ocupando y trabajando esas tierras. No obstante, se les ha informado informalmente que no recibirán compensación alguna por la expropiación, bajo el alegato de que no tienen títulos definitivos, a pesar de contar con documentos de asignación emitidos por el propio Estado.

“Esto no es solo una violación a nuestros derechos, es un abuso. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, ya contratamos abogados para demandar al Estado dominicano y al Ministerio de Obras Públicas por violar el derecho de propiedad consagrado en la Constitución”, señalaron.

Los afectados también advirtieron que esta situación podría generar un conflicto social innecesario en la zona, si las autoridades no detienen las expropiaciones arbitrarias y no se sientan a dialogar con los parceleros afectados.

“Queremos desarrollo, pero no a costa de los más pobres”, concluyeron.

Hasta el momento, ni el MOPC ni el IAD han ofrecido declaraciones públicas sobre estas denuncias. La comunidad espera respuestas inmediatas y soluciones justas que no sacrifiquen el sustento de decenas de familias humildes en nombre del progreso.

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