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Tribunal Constitucional conoce recurso para permitir las tres causales del aborto en República Dominicana

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EL CORREO. El Tribunal Constitucional conoció este miércoles una acción directa de inconstitucionalidad que busca permitir la interrupción del embarazo en tres circunstancias excepcionales: cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

La audiencia reunió a decenas de organizaciones religiosas, provida, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres, que expusieron posiciones encontradas sobre el tema ante el pleno de la alta corte.

Los accionantes, encabezados por Rosa Herminia Hernández, la Asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana (CDDRD), sostienen que la Constitución permite excepciones a la penalización absoluta del aborto y solicitaron al tribunal emitir una sentencia interpretativa que reconozca dichas causales.

El abogado Cristóbal Rodríguez afirmó que el objetivo del recurso es garantizar que las mujeres no sean penalizadas en situaciones extremas donde estén comprometidos derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la integridad física.

Durante la audiencia también se debatió la constitucionalidad de una parte del artículo 110 del nuevo Código Penal relacionada con el denominado aborto forzado. Los accionantes solicitaron la eliminación de una expresión que, a su juicio, podría interpretarse como una exención de responsabilidad para personal médico que practique abortos sin el consentimiento de la mujer.

La abogada Patricia Santana argumentó que dicha redacción vulnera principios constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que advirtió sobre posibles implicaciones legales derivadas de su aplicación.

Entre los intervinientes voluntarios que defendieron la constitucionalidad de las normas impugnadas figuraron la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Alianza Evangélica Dominicana, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y diversas organizaciones provida.

El dirigente político Pelegrín Castillo sostuvo que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción y argumentó que cualquier modificación a ese principio requeriría una reforma constitucional.

Por su parte, sectores favorables a las tres causales, entre ellos el Centro de Estudios de Género del INTEC y organizaciones de derechos humanos, defendieron la necesidad de ponderar los derechos fundamentales de las mujeres frente a situaciones excepcionales.

Uno de los momentos más debatidos de la audiencia estuvo relacionado con el caso de Rosaura Almonte Hernández, conocida como "Esperancita", cuya muerte en 2012 se convirtió en un símbolo del debate nacional sobre las tres causales. Los accionantes objetaron la incorporación de documentos médicos relacionados con ese caso por considerar que podrían vulnerar normas de protección de datos personales.

Tras escuchar los argumentos de todas las partes, el Tribunal Constitucional dejó el expediente en estado de fallo y se espera que emita su decisión en las próximas semanas.


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EL CORREO. El Tribunal Constitucional conoció este miércoles una acción directa de inconstitucionalidad que busca permitir la interrupción del embarazo en tres circunstancias excepcionales: cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

La audiencia reunió a decenas de organizaciones religiosas, provida, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres, que expusieron posiciones encontradas sobre el tema ante el pleno de la alta corte.

Los accionantes, encabezados por Rosa Herminia Hernández, la Asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana (CDDRD), sostienen que la Constitución permite excepciones a la penalización absoluta del aborto y solicitaron al tribunal emitir una sentencia interpretativa que reconozca dichas causales.

El abogado Cristóbal Rodríguez afirmó que el objetivo del recurso es garantizar que las mujeres no sean penalizadas en situaciones extremas donde estén comprometidos derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la integridad física.

Durante la audiencia también se debatió la constitucionalidad de una parte del artículo 110 del nuevo Código Penal relacionada con el denominado aborto forzado. Los accionantes solicitaron la eliminación de una expresión que, a su juicio, podría interpretarse como una exención de responsabilidad para personal médico que practique abortos sin el consentimiento de la mujer.

La abogada Patricia Santana argumentó que dicha redacción vulnera principios constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que advirtió sobre posibles implicaciones legales derivadas de su aplicación.

Entre los intervinientes voluntarios que defendieron la constitucionalidad de las normas impugnadas figuraron la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Alianza Evangélica Dominicana, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y diversas organizaciones provida.

El dirigente político Pelegrín Castillo sostuvo que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción y argumentó que cualquier modificación a ese principio requeriría una reforma constitucional.

Por su parte, sectores favorables a las tres causales, entre ellos el Centro de Estudios de Género del INTEC y organizaciones de derechos humanos, defendieron la necesidad de ponderar los derechos fundamentales de las mujeres frente a situaciones excepcionales.

Uno de los momentos más debatidos de la audiencia estuvo relacionado con el caso de Rosaura Almonte Hernández, conocida como "Esperancita", cuya muerte en 2012 se convirtió en un símbolo del debate nacional sobre las tres causales. Los accionantes objetaron la incorporación de documentos médicos relacionados con ese caso por considerar que podrían vulnerar normas de protección de datos personales.

Tras escuchar los argumentos de todas las partes, el Tribunal Constitucional dejó el expediente en estado de fallo y se espera que emita su decisión en las próximas semanas.

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