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Abinader reconoce educación de la RD está en emergencia
ElCorreoRD.- Al referirse a los datos revelados recientemente por el Ministerio de Educación que muestran nuevamente el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, el presidente Luis Abinader reconoció ayer que esta importante área del país está en emergencia desde hace 30 años y por tanto, los cambios en ese sentido no pueden esperar más.
El jefe de Estado aseguró que ese cambio solo se logrará con educación, pero de calidad y acompañado también con la meta de que el país sea bilingüe en un mediano y largo plazo.
“Justamente, en una reciente investigación de opinión pública realizada por Educa, se pudo constatar que ninguna de las personas relevadas dentro de los 2 primeros quintiles de ingresos acredita tener un certificado de reconocimiento internacional en lengua inglesa. Viéndolo desde otro ángulo, el dominio del inglés y disponer de una certificación internacional parece ser un excelente predictor de la situación de caer en la situación de pobreza”, expresó el mandatario al participar en el Simposio Internacional hacia una Estrategia Nacional y Multicultural para una Educación Bilingüe (Español-Inglés).
Inglés como impulso al desarrollo
En tal sentido, manifestó que, teniendo en cuenta esos procesos y el enorme potencial que tiene acreditar el nivel de inglés como forma de impulsar al desarrollo social de la gente, es impostergable que el país se plantee la meta de ser bilingüe.
“Por ello, pido un compromiso a la academia y al sector privado, a todos los agentes implicados, a que hagan suya la estrategia del bilingüismo y nos ayuden a una enseñanza masiva. Es necesario democratizar el acceso al inglés de calidad. Por esta razón se requiere de una estrategia nacional y multicultural que atienda a todos los públicos, todos los perfiles, todas las realidades y las especificidades que se necesitan para utilizar al inglés como un trampolín a mejores oportunidades de trabajo”, apuntó.
En ese sentido, el presidente propuso el cambio de hacer que todos aquellos niños y niñas que ingresen en el primer grado de la educación primaria en el calendario escolar 2023-2024 con 6 años de edad, cuando egresen en 2036 con 17 o 18 años del último grado de la secundaria, sean bilingües en español e inglés. “Esta sería una verdadera revolución que ampliaría los márgenes de oportunidad de nuestro país, cimentaría las bases de un crecimiento más sólido y potenciaría una sociedad con una distribución de ingresos más equitativa”, dijo.
Una estrategia para tres millones de estudiantes
Al pronunciar las palabras de introducción del evento, la presidenta de Educa, María Waleska Álvarez, destacó la importancia que tiene para la consecución de objetivos de desarrollo nacional y el escalamiento de pobreza del recurso humano hacia estadios de mayor bienestar, el que República Dominicana se convierta en un país bilingüe en el mediano y largo plazo. Indicó se hace necesario implementar la estrategia a tres millones de estudiantes.
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), advirtió que las disposiciones sobre difamación e injuria incluidas en el nuevo Código Penal podrían generar temor entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que realizan denuncias de interés público. Maldonado expresó preocupación por el artículo 208 de la nueva legislación, que establece sanciones de prisión y multas para quienes sean hallados culpables de difamación a través de medios escritos, audiovisuales, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales y otros canales electrónicos. "Es una disposición contraria a lo que ya el Constitucional había decidido o ha decidido en una sentencia anterior a este código", afirmó al referirse a decisiones previas del Tribunal Constitucional sobre la prisión por difamación e injuria. El periodista entiende que las disposiciones deben analizarse en conjunto con otros artículos del Código Penal relacionados con la difamación y la injuria, debido a que amplían su alcance a las nuevas formas de comunicación digital. A su juicio, el Poder Legislativo intentó responder a denuncias sobre el uso de plataformas de comunicación para desacreditar personas o realizar presuntas extorsiones, pero considera que la solución adoptada podría generar nuevos conflictos jurídicos y tensiones con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. Introduce tu email RELACIONADAS El nuevo Código Penal permitirá la acumulación de penas por difamación Justicia El nuevo Código Penal permitirá la acumulación de penas por difamación Hasta 10 años de prisión enfrentarían condenados por difamación a partir de agosto Justicia Hasta 10 años de prisión enfrentarían condenados por difamación a partir de agosto Lo que establece el artículo 208 El artículo 208 define la difamación como la imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho concreto que afecte su honor, consideración, dignidad, imagen, buen nombre o integridad familiar. La disposición contempla penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público para quienes incurran en este delito mediante cualquier medio de difusión. Según Maldonado, la posibilidad de enfrentar consecuencias penales podría afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a denunciar situaciones de interés público. "Cuando tú haces leyes draconianas normalmente pueden asustar. Y tal vez el miedo es la mayor presión que puede ejercerse contra la libertad." Persio Maldonado. Presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). “ Las excepciones previstas en el Código Aunque el artículo 208 endurece las sanciones por difamación, el nuevo Código Penal también establece excepciones. El artículo 211 dispone que no serán considerados difamatorios o injuriosos los discursos pronunciados en las cámaras legislativas; los informes, memorias y documentos emitidos por disposición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. La disposición también excluye de persecución penal las reseñas periodísticas sobre las sesiones públicas del Congreso Nacional y los escritos o discursos producidos en los tribunales de justicia. Estas excepciones han llamado la atención porque dejan fuera de responsabilidad penal determinadas expresiones realizadas en escenarios institucionales, mientras que las manifestaciones realizadas por ciudadanos, comunicadores o usuarios de plataformas digitales continúan sujetas a las disposiciones generales sobre difamación. Riesgos para periodistas y ciudadanos Maldonado considera que el temor a enfrentar procesos judiciales o eventuales condenas económicas podría desincentivar denuncias de interés público y afectar el trabajo periodístico. "El que ejerce el periodismo, el que ejerce una labor de investigación, tiene miedo de que un juez le condene a millones de pesos y que él no tenga como responder, o que el medio para el que colabora no le reponda." Persio Maldonado. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). “ El presidente de la SDD sostuvo que el país ha tenido dificultades para encontrar mecanismos adecuados que permitan reparar los daños ocasionados por expresiones difamatorias sin recurrir a la prisión como castigo. A su entender, las sanciones deben orientarse principalmente a la reparación de daños y no a la privación de libertad. Posibles acciones ante el Tribunal Constitucional Maldonado prevé que las disposiciones sobre difamación e injuria podrían volver a ser objeto de debate judicial una vez el nuevo Código Penal entre en vigencia. Según explicó, algunos juristas han optado por esperar la entrada en vigor de la legislación para evaluar posibles acciones legales contra determinados artículos. "Yo creo que vamos a tener que volver a abordar el tema, probablemente con el Tribunal Constitucional", concluyó. La Sociedad Dominicana de Diarios ha sido una de las organizaciones que históricamente ha impulsado cambios legales orientados a eliminar la prisión como sanción para los delitos de difamación e injuria, al considerar que estas medidas fortalecen la libertad de expresión y el debate democrático. En ese sentido, Maldonado recordó que la decisión de la Suprema del Tribunal Constitucional fue una iniciativa precisamente del grupo de directores que la Sociedad Dominicana apoyó y que luego se logró que se quitara la prisión como una manera de liberar el espacio comunicacional del país.
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