ABOGADOS DE GONZALO CASTILLO ATACAN AL MINISTERIO PUBLICO

Santo Domingo. – La defensa del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, cuestionó la calidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en su contra, por la presunta estafa al Estado de alrededor de RD$21,000 millones, relacionada con procesos de contratación para la edificación de obras.

Ante la acusación formulada por el órgano persecutor, la jurista Laura Acosta calificó las evidencias como difusas y sostuvo que muchas se remontan a activos y operaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2009, período en el que —según afirmó— Castillo aún no había dirigido dicha institución.

“La línea de tiempo es imposible, a menos que Gonzalo Castillo tenga una máquina del tiempo, como creo que tiene el Ministerio Público. No hay forma de que él estuviera involucrado con ese dinero. No hay pruebas suficientes”, declaró la abogada.

La defensa de Castillo también afirmó que figuras clave dentro del presunto entramado fueron excluidas de la acusación formal. En ese contexto, abordó el tema de las bancas de apuestas, señaladas por el Ministerio Público como un negocio ilícito mediante el cual —según la acusación— se financiaban estilos de vida lujosos y la campaña electoral del excandidato presidencial, dentro del proceso judicial conocido como caso Calamar.

“El brazo operador, la persona que tomaba el dinero de las bancas, era José Pablo Ortiz, y él decía que se lo entregaba a Gonzalo; el Ministerio Público asumió esa declaración y nunca la comprobó”, sostuvo Acosta.

La jurista también se refirió a los testimonios de Ramón Emilio “Mimilo” Jiménez, señalado como testigo principal del caso, quien presuntamente trasladaba el dinero de sobornos hasta Gonzalo Castillo.

“Emilio nunca mencionó una fecha, ni de la supuesta reunión en el Palacio, ni de cuándo entregaba el dinero a la alegada intermediaria que lo depositaba a Gonzalo; su única prueba es su palabra”, afirmó la abogada, al reiterar que la acusación carece de sustento probatorio suficiente.