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El Cibao

Abogados denuncian encubrimiento y estancamiento en investigación por muerte de Stephora Joseph en Santiago

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Santiago, República Dominicana.– A casi tres meses del fallecimiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrido durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci a una hacienda recreativa, los abogados de la familia denunciaron un virtual estancamiento del proceso, así como presunto encubrimiento y retardo injustificado en la investigación que dirige el Ministerio Público.

Durante una rueda de prensa, el abogado Miguel Díaz, representante legal de los familiares, afirmó que desde el 10 de diciembre, fecha en que se solicitó medida de coerción contra tres docentes del centro educativo, la defensa ha presentado múltiples diligencias sin obtener respuestas claras. Indicó que el expediente ha sido remitido entre varias instancias judiciales sin decisiones de fondo.

Díaz explicó que ese mismo día solicitaron medidas personales y reales contra otros actores que, según la defensa, no fueron incluidos en el proceso, como el presidente de la asociación Leonardo Da Vinci, el director del colegio Fredy Núñez y los responsables de la hacienda recreativa donde ocurrió el hecho.

La solicitud pasó por Atención Permanente, el Coordinador de los Juzgados de Instrucción y posteriormente al Cuarto Juzgado de la Instrucción, tribunal que —según el jurista— no sería competente, lo que podría provocar una nueva devolución del expediente.

“El tiempo sigue pasando. Ya casi se cumplen tres meses de la muerte de Stephora y más de dos meses desde que solicitamos diligencias claves sin avances reales”, expresó Díaz, al informar que el 23 de enero interpusieron un pronto despacho y una queja por retardo procesal, aún sin respuesta.

Entre las diligencias pendientes, la defensa citó la falta de interrogatorios a los menores que participaron en la excursión, levantamientos técnicos, acceso completo a cámaras de seguridad, videos del traslado y permanencia de los estudiantes, así como informes periciales esenciales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

También cuestionaron el acceso incompleto al expediente de la asociación sin fines de lucro vinculada al colegio, señalando que la documentación entregada solo contiene registros hasta 2011, lo que calificaron como preocupante.

Otro punto crítico es que la hacienda recreativa retiró los letreros de clausura, pese a que el propio Ministerio Público y la Defensa Civil habrían determinado que el lugar no reunía condiciones mínimas de seguridad para recibir niños ni adultos. Hasta el momento, no se ha informado si el establecimiento fue revaluado ni si sus administradores han sido sometidos a la justicia.

Por su parte, la abogada Shesnel Calcaño destacó el impacto humano del caso y denunció una doble victimización de la familia, señalando que mientras el país se prepara para el Día del Amor y la Amistad, una madre cumplirá 90 días sin respuestas judiciales por la muerte de su hija.

Calcaño también cuestionó la falta de fiscalización del Ministerio de Educación, al no haberse establecido con claridad si el centro educativo cumplía con las normativas vigentes para excursiones escolares.

Actualmente, dos maestras y una encargada administrativa enfrentan medidas restrictivas, mientras el Ministerio Público dispone de seis meses para presentar acusación u optar por otra salida procesal. No obstante, la defensa insiste en que existen otros responsables funcionales que deben ser incorporados.

Los abogados reiteraron que agotarán todas las vías legales para esclarecer la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, cuyo deceso cumple tres meses este 14 de febrero.

Antecedentes del caso

La jueza Yeritza Cabra, del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, impuso garantía económica y presentación periódica a Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, por presunta negligencia durante la excursión en la que murió ahogada la estudiante de 11 años.


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Durante una rueda de prensa, el abogado Miguel Díaz, representante legal de los familiares, afirmó que desde el 10 de diciembre, fecha en que se solicitó medida de coerción contra tres docentes del centro educativo, la defensa ha presentado múltiples diligencias sin obtener respuestas claras. Indicó que el expediente ha sido remitido entre varias instancias judiciales sin decisiones de fondo.

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Actualmente, dos maestras y una encargada administrativa enfrentan medidas restrictivas, mientras el Ministerio Público dispone de seis meses para presentar acusación u optar por otra salida procesal. No obstante, la defensa insiste en que existen otros responsables funcionales que deben ser incorporados.

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