Acceso a Redes para Interceptar Datos Personales y Corporativos.

ELCORREORD

José Angel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, está implicado en la operación Camaleón, donde se le acusa de haber establecido una red privada capaz de interceptar datos personales e información corporativa confidencial. Esto ocurrió tras un contrato entre Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el exdirector del Intrant, Hugo Beras, concertó con Jochi Gómez la obtención de una red de radiocomunicación privada que utilizaría frecuencias de 2,300 MHz, permitiendo así una expansión de su “capacidad de espionaje y vigilancia”. Al operar en esta banda, Jochi podría interceptar señales de comunicaciones cercanas, accediendo a llamadas, transmisiones de video, datos de navegación por internet y mensajes de texto sin la autorización de los propietarios de las redes legítimas.

Además, esta red le habría permitido realizar ataques a infraestructuras de telecomunicaciones mediante técnicas de interferencia deliberada, afectando sistemas de comunicación en empresas, instalaciones gubernamentales y redes públicas. También tendría la capacidad de lanzar ciberataques, interfiriendo con redes satelitales y comunicaciones militares.

Para obtener los permisos necesarios, el 30 de agosto de 2023, Hugo Beras solicitó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, argumentando que serían necesarias para la transmisión de información del tránsito en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, antes de obtener la autorización, el Intrant comenzó a utilizar el espectro radioeléctrico desde su Centro de Control Semafórico.

El 16 de enero de 2024, se realizó un monitoreo técnico que reveló el uso de una frecuencia en la avenida 27 de Febrero, proveniente de un transmisor del Intrant. Posteriormente, en febrero de 2024, se detectó actividad en las frecuencias de 2.3 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz en varios semáforos de la ciudad, confirmando que se utilizaban frecuencias libres para la comunicación semafórica, lo que indicaba que la solicitud de 2,300 MHz no estaba justificada.

Este análisis sugiere que los fines de la solicitud original eran distintos a los presentados oficialmente.