"ACIS Anuncia Recurso de Inconstitucionalidad Contra la Ley 98-2025 por su Impacto Negativo al Sector Productivo"

Santiago, RD – La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) ha expresado su preocupación por la promulgación de la Ley 98-2025 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. La entidad anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, argumentando que sus disposiciones podrían afectar gravemente al sector productivo nacional.

Según la ACIS, varios aspectos de la nueva legislación generan incertidumbre jurídica y afectarían la confianza del sector productivo, ya que podría entrar en conflicto con principios constitucionales fundamentales. Durante una rueda de prensa en la que participaron representantes de diversas organizaciones, como la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Anadive y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), la ACIS reconoció la potestad del Congreso Nacional para legislar en temas de interés público. Sin embargo, advirtió que el 92 % de las medianas y pequeñas empresas se verían afectadas por la implementación de la ley, lo que, según la ACIS, podría traducirse en la pérdida de empleos.

Máximo Zapata, representante legal de la ACIS, destacó en su intervención que todas las normativas deben ajustarse a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad jurídica, tal como lo establece la Constitución de la República Dominicana y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional.

El análisis presentado por la ACIS subraya que la Ley 98-2025 introduce disposiciones que podrían suponer cargas excesivas para la actividad comercial e industrial. Además, advierten que la ley otorga amplias facultades discrecionales a la administración pública, sin especificar claramente los mecanismos de control, lo que incrementa el riesgo de interpretaciones arbitrarias y conflictos legales innecesarios.

“La seguridad jurídica es un pilar esencial para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos. Cualquier normativa que genere ambigüedad o discrecionalidad excesiva impacta negativamente la competitividad y la estabilidad institucional del país”, expresó la ACIS en su declaración.