Agentes implicados en robo y venta ilegal de municiones de guerra.

elcorreord—Un grupo de agentes de la Policía Nacional ha sido implicado en una red de corrupción relacionada con el robo, venta y comercialización ilegal de municiones de alto calibre, específicamente de 5.56 mm, utilizadas en fusiles de guerra. Estas municiones, que están restringidas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas, fueron sustraídas del Departamento II de la Intendencia de Armas y vendidas a civiles, en una operación de gran escala.

El Ministerio Público, en la solicitud de medida de coerción contra los implicados, ha identificado como principal imputado al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, intendente de la Policía Nacional, quien lideraba la red de tráfico de municiones junto a los capitanes Nelson Valdez, Víctor Manuel Santos Rodríguez, el raso Morelbin Medina Pérez, y otros miembros de la institución. Según la investigación, los agentes sustrajeron una gran cantidad de municiones de alto calibre, que luego vendían ilegalmente entre 3,800 y 4,500 pesos.

Pruebas y transacciones financieras:

El expediente revela transacciones financieras realizadas a través de cuentas bancarias de los imputados, que fueron rastreadas y documentadas por la Superintendencia de Bancos. En particular, el capitán Santos Rodríguez recibió pagos tanto en efectivo como a través de depósitos bancarios, lo que confirmó su participación activa en la venta ilegal de las municiones sustraídas. Además, se detectaron registros de pagos realizados por Morelbin Medina a otros implicados, lo que refuerza la acusación de que los agentes utilizaban las ganancias de la venta de las municiones para adquirir bienes personales.

Entrega voluntaria y evidencias:

Una de las pruebas más significativas es la entrega voluntaria de 300 cápsulas de municiones calibre 5.56 mm por parte del capitán Nelson Valdez, las cuales fueron recuperadas por las autoridades y forman parte del lote de municiones robadas. Además, se descubrió que Valdez recibió grandes sumas de dinero, como 200,000 pesos de manos de Héctor Acevedo Liriano, quien aparentemente estaba involucrado en la cadena de comercialización.

Encubrimiento durante auditorías:

Según el Ministerio Público, los agentes implicados utilizaron tácticas fraudulentas para encubrir el faltante de municiones durante auditorías. Manipularon los registros e incluso crearon activos falsos para ocultar la sustracción de municiones, como cajas con cartuchos de 5.56 mm que no coincidían con los registros oficiales, lo que dificultaba su detección.

Este caso pone en evidencia una red de tráfico de municiones operada por agentes de la policía, que perjudica gravemente la seguridad pública al permitir que municiones de guerra caigan en manos no autorizadas. Las autoridades continúan con las investigaciones y han solicitado medidas de coerción para los implicados, con el fin de llevarlos ante la justicia.