¡Las cuentas no cuadran! Auditorías detectan 56 irregularidades en Agricultura durante gestión de Limber Cruz

Santo Domingo. – Pagos sin documentación, deudas vencidas, contrataciones sin soporte y financiamientos de vehículos a empleados sin los descuentos correspondientes en sus nóminas figuran entre las 56 inobservancias detectadas en dos auditorías realizadas al Ministerio de Agricultura entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024.

Los informes, elaborados por la Contraloría General de la República, abarcan el período correspondiente a la gestión de Limber Cruz al frente de la institución y señalan diversas debilidades en los controles administrativos, financieros y presupuestarios.

Los documentos, a los que tuvo acceso Diario Libre, identifican incumplimientos relacionados con la Ley 10-07, que establece el Sistema Nacional de Control Interno de la República Dominicana.

Pagos y contrataciones sin soporte

Uno de los principales hallazgos está relacionado con la diferencia entre los pagos registrados por el Ministerio de Agricultura y los datos disponibles en el sistema utilizado por la Contraloría.

Durante 2024, Agricultura reportó 7,514.5 millones de pesos en pagos ejecutados. Sin embargo, la información extraída de Citrix, plataforma utilizada para conectar a las instituciones públicas con el Sistema Unificado de Gestión de Pagos, reflejaba apenas 4,339.5 millones de pesos.

La diferencia asciende a 3,174.9 millones de pesos, un monto que, según el informe, no estaba debidamente respaldado ni explicado por la institución.

La discrepancia evidencia que los registros internos del ministerio no coincidían con la totalidad de los pagos ejecutados que figuraban en el sistema presupuestario.

Deudas vencidas y controles deficientes

Las auditorías también identificaron deudas vencidas y debilidades en los mecanismos de control interno utilizados por la institución.

Entre las observaciones aparecen deficiencias relacionadas con el manejo de cajas chicas, así como operaciones que no contaban con la documentación necesaria para justificar adecuadamente el uso de los recursos públicos.

Los auditores también señalaron situaciones relacionadas con contrataciones y pagos que carecían del soporte correspondiente.

Financiamiento de vehículos a empleados

Otro de los hallazgos destacados corresponde al financiamiento de vehículos a empleados del Ministerio de Agricultura.

Según las auditorías, en determinados casos no se realizaron los descuentos correspondientes en las nóminas de los beneficiarios para cubrir esos compromisos.

Esta situación representa otra debilidad en los mecanismos de control financiero de la institución y en el seguimiento de las obligaciones asumidas.

Ingresos que no llegaron a la Cuenta Única del Tesoro

Los informes también hacen referencia a ingresos extrapresupuestarios que, de acuerdo con los hallazgos, no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

La situación genera cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados para registrar, administrar y transferir recursos que debían incorporarse al sistema financiero del Estado.

Agricultura manejó más de RD$118,000 millones

Las observaciones adquieren mayor relevancia debido al volumen de recursos administrados por el Ministerio de Agricultura durante el período examinado.

Entre 2020 y 2024, la institución tuvo un presupuesto vigente acumulado de RD$118,459 millones, convirtiéndola en una de las entidades del Gobierno dominicano con mayor asignación de recursos.

De acuerdo con los informes, parte de esos fondos quedaron subutilizados, mientras que otros fueron ejecutados sin la documentación o justificación requerida.

56 inobservancias bajo la lupa

En conjunto, las dos auditorías identificaron 56 inobservancias relacionadas con la gestión administrativa y financiera del Ministerio de Agricultura.

Los hallazgos incluyen problemas en los controles internos, pagos sin soporte suficiente, contrataciones, manejo de cajas chicas, deudas, financiamientos de vehículos e ingresos extrapresupuestarios.

Las observaciones de la Contraloría no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal, pero sí reflejan debilidades en los mecanismos de control y transparencia del manejo de recursos públicos que deben ser atendidas por la institución.

El caso vuelve a colocar bajo la lupa la importancia de que los ministerios mantengan registros financieros consistentes, documentación completa y controles efectivos para garantizar que cada peso del presupuesto público pueda ser debidamente rastreado y justificado.