Alerta del Viceministro de Asuntos Migratorios: Advertencias sobre Presiones para la Obtención.

ELCORREORD

El viceministro de Naturalización y Asuntos Migratorios del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, ha calificado de amenaza para la soberanía de la República Dominicana los intentos de sectores por conceder nacionalidad a extranjeros que no cumplen con los requisitos legales.

En una reciente declaración, Rosario alertó sobre cualquier intento de inscripción irregular en el registro civil, enfatizando la importancia de adherirse a las normativas vigentes. Rosario explicó que, bajo la justificación de defender los derechos humanos de personas que han ingresado al país de manera ilegal, se han implementado directrices que buscan menoscabar el derecho soberano del pueblo dominicano. Este derecho está respaldado por tratados internacionales que regulan las relaciones entre Estados. “No se puede exigir al Estado dominicano responsabilidades que no le corresponden”, subrayó, refiriéndose a la provisión de servicios de salud, educación o nacionalidad a quienes no cumplen con los requisitos establecidos.

El viceministro también destacó que los derechos humanos colectivos reconocen el derecho de los pueblos a la libre determinación. Mencionó que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respalda este principio, permitiendo a los pueblos definir su condición política y fomentar su desarrollo. Lamentó que quienes defienden la soberanía nacional ante presiones internacionales sean objeto de aislamiento y difamación, reafirmando que la defensa de la patria no admite ambigüedades. Rosario concluyó recordando que cada Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas en su territorio, pero cuestionó si un ciudadano o funcionario dominicano tiene derecho a comprometer recursos del pueblo para beneficiar a una población extranjera. Hizo un llamado a la sociedad dominicana a defender la dignidad y soberanía de la nacionalidad, advirtiendo que cualquier acción que comprometa los bienes del Estado puede ser considerada contraria al derecho internacional y a las tradiciones del derecho público en América.